Más estudios, más diálogo y una rehabilitación que haga posible la generación de empleo verde. Esas son a grandes rasgos las recetas del grupo de europarlamentarios que visitó Huelva en febrero para realizar un diagnóstico de su situación ambiental, expuestas ayer ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (el órgano que recoge quejas ciudadanas sobre la vulneración de la legislación europea en materia de medio ambiente, protección de los consumidores, empleo y política social). Unas conclusiones que generaron consenso -al menos, así lo expresaron políticos de distinto signo y denunciantes- y en la que se hace un especial hincapié en la necesidad de "restablecer la confianza y tranquilizar al ciudadano", según expuso la eurodiputada francesa Pascale Gruny (del Partido Popular Europeo).

Esa fue de hecho la primera recomendación hecha en voz alta ante los presentes en la Comisión de Peticiones, que ayer conocía las conclusiones provisionales de la visita provocada por las denuncias de cuatro colectivos sobre la supuesta vulneración de varias directivas europeas en el área de la Ría de Huelva, en concreto en los depósitos de fosfoyeso en las Marismas del Rincón y en el almacenamiento de residuos contaminados con el isótopo radiactivo cesio-137 en las Marismas de Mendaña. Gruny alertó de que "falta una comunicación entre las autoridades" implicadas y también entre empresas (Fertiberia y Foret, que vierten fosfoyeso), peticionarios, asociaciones locales y especialistas. Un diálogo que es preciso restablecer para "evitar situaciones que puedan provocar un clima de pánico local".

Sólo con ese esfuerzo de transparencia se podrá cambiar algo que extraña a los eurodiputados que visitaron Huelva: "Se han realizado muchos esfuerzos -en materia medioambiental-, pero el ciudadano no necesariamente está al tanto de ello". Los parlamentarios reconocen en su informe los numerosos estudios científicos desarrollados en materia de epidemiología, radiología, toxicología y otras cuestiones, pero consideran que estos deberían ampliarse con otros trabajos sobre la situación ambiental de Huelva y su relación con los depósitos de fosfoyesos. Entre ellos, un estudio "más detallado" sobre los trabajadores de la industria, así como una investigación del impacto específico de la contaminación del suelo y el agua, trabajo este último que debería cubrir la zona en la que están enterrados los residuos contaminados con cesio-137. Además, los eurodiputados llegan a la conclusión de que es necesario coordinar los estudios existentes y complementarlos para "demostrar la correlación específica entre el vertido de residuos peligrosos y su impacto en la salud pública".

Dentro de esa política de dar tranquilidad a la población, los parlamentarios reivindican también una total transparencia en todo lo referente a la actividad industrial, llegando incluso a reclamar en su informe que las autoridades y empresas faciliten la inspección in situ de las instalaciones de gestión de los residuos o que se establezca un sistema permanente de vigilancia en tiempo real de la contaminación del suelo, el aire y el agua que sea accesible a todos los ciudadanos, por ejemplo, a través de internet.

"En cualquier caso, todo el sitio debe ser descontaminado", concluye el informe, que trata los fosfoyesos como residuo (postura mantenida por la Comisión Europea) y no como subproducto (tal y como los definen la empresa y la Junta de Andalucía). Una descontaminación que debe hacerse bajo el principio de "quien contamina, paga" (Fertiberia ya ha asegurado que asumirá el coste de la restauración de los terrenos) y tras la que se debe aplicar un plan para la rehabilitación y la renovación de la zona, aunque las empresas cierren, aseveran los diputados.

Sin embargo, el informe no entra en la cuestión de fondo, la supuesta vulneración de directivas comunitarias. Sobre ello ya está trabajando la Comisión Europea, según explicó ayer uno de sus representantes, trabajo que se está realizando en dos vertientes: el cumplimiento de la directiva Euratom por un lado y las IPPC, de residuos y de vertederos por otro.

En cuanto al primer capítulo, sobre la normativa que regula entre otras cuestiones las normas básicas en materia de seguridad y protección de la población frente a materiales radiactivos, los técnicos de la Comisión realizaron una visita en septiembre pasado tras la que concluyeron que no hay indicios de que la exposición de la población a la radiactividad supere los límites establecidos en la legislación europea.

Distinto es el caso de los tres siguientes. En cuanto a la directiva de residuos se investiga si se están tomando las medidas para que los fosfoyesos sean manejados por un gestor autorizado. Otra rama analiza si Fertiberia y Foret están funcionando conforme a lo establecido en su autorización ambiental integrada (AAI), el permiso concedido por la directiva de Control y Prevención Integrados de la Contaminación (IPPC) y hay una tercera investigación sobre el cumplimiento de la normativa de vertederos. En el caso de estos procedimientos, la Comisión Europea remitió una carta de emplazamiento que fue contestada por el Gobierno español y a la que siguió posteriormente un dictamen motivado, el paso previo a la llegada del caso a los tribunales europeos. España aún tiene que alegar a ese dictamen, un paso más en el ya largo camino europeo de los depósitos de fosfoyeso.