Desde que en enero de 1964 se aprobase la creación del Polo de Desarrollo Industrial de Huelva, el devenir urbanístico de la capital ha estado marcado por la existencia de las fábricas de la avenida Francisco Montenegro. No sólo por el fuerte aumento de la población en unos años, sino también al marcar las pautas de un crecimiento que se desvió de lo que hubiera sido su camino natural, el acercamiento a la Ría.

Estas pautas han quedado recogidas en tres planes generales de ordenación urbana que ha conocido la ciudad hasta el momento: el de Alejandro Herrero en los 60, el redactado por Andrés Bruno Romero en los 80 y el del 99, de la mano de Joaquín Aramburu y Fernando Herrera. Tres planes que han dado su particular visión del futuro de la industria y por ende la Punta del Sebo a través de la calificación del suelo y de los objetivos marcados en los documentos. Lo mismo que el Ayuntamiento reclama ahora a otro plan, el de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Huelva, que será el encargado de determinar las grandes líneas de organización social y económica del Área Metropolitana de la capital.

El Plan General que daría forma a la ciudad actual, en el que se preveía desde la construcción de la avenida de Andalucía hasta la circunvalación o el Paseo Marítimo de Cardeñas (recién inaugurado), daba a los terrenos de la Punta del Sebo la calificación de industriales, como no podía ser de otra forma. En enero de 1964 (año en que se aprobó el Plan) se había creado el Polo de Desarrollo de Huelva, que comprendía "la totalidad del término municipal de Huelva", 12,8 kilómetros cuadrados en Palos y 1,92 kilómetros en San Juan del Puerto.

Pese a esta amplitud inicial, el Plan General de Alejandro Herrero delimitaba las zonas en las que se situaría la industria pesada. Así, las denominadas zonas de "industria insalubre" quedaban ubicadas en la Punta del Sebo, Peguerillas y San Juan del Puerto, "derivadas de la prescripción reglamentaria de distar 2.000 metros de las zonas de habitación". En el caso del entorno de la avenida Francisco Montenegro, se reservaban 238 hectáreas, de las cuales 138 estaban ocupadas en el momento de la aprobación del plan. Con el total de zonas industriales que el documento preveía desarrollar (1.000 hectáreas) la población de Huelva llegaría, decía el documento, hasta los 560.000 habitantes.

Por otra parte, ya determinaba que "la gran industria, el complejo de aprovechamiento integral de la pirita, la siderurgia, la refinería de petróleos, las plantas importantes de industria química derivada de la minería, que necesitan transporte en barcos de gran tonelaje, tenderán a localizarse al lado del Nuevo Puerto".

En plena transición, el Ayuntamiento decide abordar la revisión de su Plan General. Y en ese proceso de planeamiento urbanístico opta por someter la Punta del Sebo a un cambio de uso de industrial a residencial y dotacional. Para ello califica el suelo como fueran de ordenación, con la vocación de eliminar las fábricas ante la fuerte contaminación que éstas provocan (en aquellos momentos las medidas para evitar los daños medioambientales y en la salud brillaban por su ausencia).

Esta polémica decisión del Ayuntamiento supuso incluso que el Ministerio de la Vivienda impusiera un condicionante a la aprobación definitiva del plan, determinando que para poder proceder a ese cambio de uso se debería formular un plan director territorial de coordinación. Mientras tanto, se dictaban unas normas transitorias para el mantenimiento del uso industrial y la pervivencia de las instalaciones existentes, aunque eso sí, sin permitir actuaciones de carácter expansivo, "tan sólo con finalidades medioambientales, higiénicas o sociales".

El Plan General redactado por Joaquín Aramburu y Fernando Herrera se encuentra con la contradicción del documento anterior, que pese a dejar fuera de ordenación a la industria para impulsar el cambio de usos del suelo no lo ha conseguido. El nuevo documento optará por otra estrategia, incorporando los acuerdos alcanzados en 1991 en la denominada Mesa para la recuperación de la avenida Francisco Montenegro (en los que precisamente sólo faltó la firma del PP, quien aprobó el documento).

Así, el nuevo Plan da la calificación de industrial al suelo sobre el que se asientan las químicas (la después denominada seguridad jurídica), pero "sin renunciar a plantear el uso productivo de la Punta del Sebo como objetivo finalista no sólo de este documento, sino de una imagen territorial más equilibrada". Por ello, el PGOU propone mantener las instalaciones productivas existentes, "limitando su permanencia a su periodo de vida, permitiendo su modernización y aumento de producción e introduciendo una tasa de modernización medioambiental y de imagen".

El Ayuntamiento de Huelva decidió hace unos años, en pleno boom urbanístico, revisar el Plan General. En los trabajos preparatorios del nuevo documento el equipo de redactores se mojó en la medida de lo posible, por un lado, asegurando en público que "a largo plazo no hay otra salida que la erradicación de estas industrias o medidas drásticas de corrección ambiental". Los arquitectos llegaron incluso a apostar en las mesas de participación por el año 2023 (fecha en la que caducan la mayoría de las concesiones de suelo portuario) para proceder a la "deslocalización" de las industrias. La crisis pudo con la intención municipal de elaborar un nuevo PGOU, por lo que estos planteamientos (que generaron polémica) se quedaron en el cajón de los planes perdidos.

No es un PGOU, pero es el documento que debe marcar las pautas del desarrollo productivo, dotacional y de sostenibilidad ambiental (en el ámbito supramunicipal) del Área Metropolitana de Huelva. El Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana (Potauh), tal y como está redactado, no introduce cambios en la calificación de estos suelos. En cambio, el Ayuntamiento de Huelva reclama que se los considere un área de oportunidad, es decir, que se prevea su reconversión ante la próxima caducidad de las concesiones administrativas. El debate se abre de nuevo.