La Junta de Andalucía remitió poco después de las elecciones de 2008 un amplio informe al Ministerio de Medio Ambiente en el que advertía los graves problemas medioambientales que provocaría en las provincias de Sevilla y Huelva la refinería Balboa y el necesario oleoducto de 200 kilómetros impulsado por el Grupo Gallardo para conectar su nueva planta petroquímica de interior con el Puerto de Huelva. Aquel espinoso dossier fue elaborado conjuntamente por los ya cercenados servicios técnicos del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y por la delegación provincial dirigida entonces por Isabel Rodríguez.

En sus consideraciones generales, la Junta informó oficialmente al ministerio de Medio Ambiente que las alternativas de trazado del oleoducto aportadas por el Grupo Gallardo presentaban afecciones a trece espacios naturales protegidos o lugares de interés comunitario. El informe de la Junta ya advirtió que obras de infraestructura como el oleoducto deben tener en cuenta el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). No se citaba entonces el Plan de Ordenación del Territorio (POT) porque simplemente el documento estaba en el limbo.

El caso es que ahora el POT es una realidad y dedica especial dedicación a establecer zonas de protección ambiental.

El borrador presentado a debate en la comarca subraya en su apartado 52 que "en los montes de dominio público no estarán permitidas las construcciones o edificaciones, excepto las destinadas a la vigilancia, gestión y conservación de las formaciones forestales existentes, así como de la fauna y flora silvestres".

El POT marca dos zonas de protección: ambiental y territorial. En la primera integra los terrenos pertenecientes al dominio público y las zonas con valores ambientales reconocidos por la normativa sectorial y cuya protección y delimitación es exigida por ésta de forma vinculante para este plan. Las zonas de protección ambiental mimadas por el POT son los espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, montes de dominio público, vías pecuarias y dominio público hidráulico. Así que el documento añade obstáculos al desarrollo del proyecto de oleoducto pues las dos opciones para colar esta infraestructura discurren por 31.345 metros de la Reserva de la Biosfera, en el caso del trazado que ocupa a la Nacional 435; y por 18.521 metros en el caso de la opción paralela a la Nacional 630 y a la Ruta de la Plata. Ambos recorridos están influenciados jurídicamente por la directiva comunitaria 92/43CEE. Una normativa que restringe los permisos a consideraciones relativas a la salud humana, la seguridad pública o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente.

No acaba aquí el muro de impedimentos a obras de infraestructuras que acarrea un documento como el POT. La propuesta de los redactores añade también la declaración de los llamados hitos paisajísticos, que "serán delimitados por el planeamiento general que los considerará sistema general de espacios libres o suelo no urbanizable de especial protección". En estas zonas paisajísticas no se permitirá "la construcción de edificaciones o instalaciones a excepción de las adecuaciones naturales, nuevos trazados eléctricos, aerogeneradores o movimientos de tierras que alteren de forma permanente el perfil del terreno, excepto las necesarias para las actuaciones permitidas o mejora ambiental del lugar".