Creación de empleo, generación de riqueza y diversificación económica. Son las claves que hacen posible que mejore la calidad de vida en las zonas rurales, para lo que la provincia cuenta con 122 millones que llegan a través del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía, que podrá ejecutarse hasta 2015 y que supone que la inversión que recibe Huelva cuadruplica a la que legó a la provincia con el plan anterior (que acaba de terminar), por el que la provincia recibió 29 millones, según adelantó ayer la directora general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Consejería de Agricultura y Pesca, Isabel Aguilera, en el transcurso del último foro Huelva, Claves XXI, organizado por Huelva Información.

La financiación pública para garantizar los servicios necesarios que reclama la población de estas zonas llega a través de tres vías: el nuevo Marco Comunitario de Ayudas al Desarrollo Rural, con cerca de 42 millones; la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (DSMR), que ha previsto 72 millones , y los denominados Proyectos FARO, que supondrán una inversión superior a los 8 millones. Todas ellas con el claro objetivo de fomentar el desarrollo empresarial en las zonas rurales, facilitando la permanencia en estas localidades de sus habitantes.

El nuevo marco comunitario se centra en cinco grupos de desarrollo (GDR): Andévalo occidental, Sierra de Aracena, Condado y Cuenca Minera -incluidos en el plan anterior- y Costa occidental, para los que ya se han asignado 20,76 millones, que se ejecutarán hasta 2011, dejando otros 20 millones para el período comprendido entre 2011 y 2015. Para ello, los GDR onubenses van a apoyar a la iniciativa privada que genere tejido económico y servicios a la población tales como las empresas del sector turístico, las que presten servicios a la población y economía rural y las microempresas. Asimismo, se apostará por las iniciativas que mejoren la dotación de servicios para aumentar la calidad de vida, modernización de los municipios y la conservación del patrimonio rural.

En el caso de la Ley DSMR, se consideran prioritarias dos zonas de Huelva: La Sierra y Andévalo y Cuenca Minera, que recibirán 36 millones cada una de ellas, gracias a la financiación, a partes iguales, entre el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino y la Junta de Andalucía.

La tercera pata financiera llega de la mano de los proyectos piloto FARO, que se ponen en marcha para experimentar la puesta en marcha de la ley. En Huelva, la Junta ha dado el visto bueno a tres. Dos de ellos se desarrollarán en la Sierra (con 6,9 millones) y el tercero en el Condado, con una asignación inicial de 1,3 millones.

Las líneas de actuación de los diferentes programas a desarrollar deben adecuarse a los planes de trabajo que previamente se han consensuado entre los diferentes agentes sociales de cada zona. "Se subvencionarán proyectos que coincidan con las necesidades pactadas con la población de los municipios afectados", subrayó Isabel Aguilera durante su exposición, en la que insistió en que el diagnóstico se ha realizado con "detalle y con un análisis pormenorizado" que ha llevado a que sean dos años los necesarios para cerrar la base del futuro rural de la provincia.

Y en ese análisis, la agricultura y la ganadería -pilares básicos del desarrollo de las zonas rurales e nuestra provincia- quedan prácticamente al margen porque se trata de buscar "alternativas" al desarrollo del tejido empresarial actual. Y ese aspecto es precisamente el que centra las pocas críticas que desde el ámbito empresarial, sindical y universitario se lanzaron ayer a las ayudas públicas al desarrollo de las áreas rústicas. Lo dejó claro el presidente de Asaja, José Luis García-Palacios, quien hizo público el temor de que el desarrollo rural pueda crear "islotes" que favorezcan el abandono de la agricultura y la ganadería, "cada vez menos atractivas para los jóvenes", en lugar de potenciarlas.

El objetivo es conciliar, pero también diversificar y para ello resulta esencial llevar a cabo una buena planificación, en la que la diversificación de las actividades debe ser prioritaria. Y eso es precisamente lo que deben tener en cuenta los promotores que decidan apostar por ese desarrollo encauzado a conseguir un espacio atractivo, diversificado, plural y dinámico, sostenible y competitivo, según se destaca desde la Junta de Andalucía.