Huelva

La UE condena a España por destruir el hábitat de una rara planta ayamontina

  • La Comisión obliga a Junta y Ayuntamiento a reparar daños y proteger la 'Picris'

La Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico y Paisajístico de Ayamonte (Almacal) dio a conocer ayer una resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea que condena la actuación del Ayuntamiento de Ayamonte y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta por infringir la ley y la Directiva de Hábitats en las obras de La Rodadera que destruyeron la zona de crecimiento y desarrollo de la planta Picris Willkommii. Esta especie está catalogada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza como "planta rara y endémica", clasificada en peligro de extinción y declarada "vulnerable" por la legislación andaluza.

El jefe de la Unidad de Infracciones europeo concluye en su escrito referido al caso iniciado en 2005 que "se ha acreditado la destrucción de la especie en parte de su área natural de distribución, en el paraje de La Rodadera, como consecuencia de la construcción de una urbanización" de lujo junto al Parador de Turismo de Ayamonte.

El escrito de la Comisión añade que "resulta evidente que mediante dicha actividad (las obras de la urbanización) las autoridades competentes han infringido las obligaciones resultantes del artículo 13.1" y recomienda "asegurar la protección del resto del área de distribución: Cabezo de San Francisco, zona de La Rodadera aún no edificada, Huerta del Castillo, parcela de higueras junto a la iglesia de El Salvador, zona del Almendral y finca Doña Juana, perteneciente a la sociedad municipal Tuasa".

Almacal subraya que la Comisión Europea destaca que "ha requerido el compromiso firme de las autoridades españolas (Consejería de Medio Ambiente y Ayuntamiento ayamontino) de emprender las medidas adecuadas para evitar más daños a esta especie". Entre estas medidas se encuentran planes de recuperación y cuidado de la Picris Willkommii y la protección de los terrenos afectados en el PGOU ayamontino. El escrito insiste en que "en caso de no satisfacerse los requerimientos anteriores, la Comisión adoptará las medidas correspondientes".

El presidente de Almacal, Francisco Pérez Paulete, ha anunciado que dirigirá sendos escritos al Ayuntamiento de Ayamonte y a la Delegación Provincial de Medio Ambiente a fin de que revoquen la licencia de obras y la declaración de impacto que pretende "continuar con la destrucción de Picris Willkommii en la zona no construida de La Rodadera, además de la protección del resto de espacios que contienen trozos ya fragmentados de la misma y que la han llevado a la situación de peligro crítico".

Almacal dice que el Ayuntamiento "ha favorecido los intereses especulativos" y ha criticado "la lamentable actuación judicial llevada a cabo en el Juzgado número 1 de Ayamonte y en la Audiencia Provincial, cuando en contra de lo indicado por la Ley archivaron este caso de destrucción de Picris, declarando sobreseimiento libre de las actuaciones, y cerrando el caso de los dos imputados de la Delegación de Medio Ambiente bajo el impulso además de la nefasta actuación de la Fiscalía Provincial, que inexplicablemente dio la espalda al interés público del caso". Ahora, desde Almacal se advierte que vigilarán con lupa la orden de la Comisión Europea y han explicado que remitirán un escrito al Defensor del Pueblo Europeo para que impulse el cumplimiento de las sanciones que corresponden aunque no se especifican en la condena.

Las obras de La Rodadera se iniciaron en 2004 y el objetivo era el desarrollo turístico junto al Parador ayamontino. La actuación urbanística provocó no sólo la destrucción del hábitat ribereño protegido sino también la peligrosa apertura de grietas que obligó a cerrar 38 habitaciones del Parador. La oposición municipal encabezada por IU denunció que se habían excavado taludes de altura superior a la permitida en la Declaración de Impacto Ambiental y la inexistencia de un Programa de Vigilancia Ambiental. Las recomendaciones no fueron seguidas ni por el Ayuntamiento ni por la Consejería, que conocía las advertencias sobre la destrucción del hábitat de la Picris.

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