El 12,4% del gasto público lo gestionan los ayuntamientos, lo que en la provincia de Huelva tiene una traducción anual de casi 448 millones a distribuir, por criterios poblacionales (y un plus en el caso de municipios turísticos como Lepe y Aracena) entre 79 consistorios. Según la última liquidación del Ministerio de Economía, correspondiente a 2006, el 14% de esta inyección multimillonaria se lo reparten entre la capital (que recibe 33 millones) y el top ten de la financiación: Lepe, Almonte, Isla Cristina, Moguer, Ayamonte, Cartaya, Punta Umbría, Aljaraque, Bollullos y Valverde.

Con todo, la queja generalizada de los alcaldes -como en todo el país- es que no dan abastopor la creciente demanda de servicios que superan sus competencias. Y es que a la primera puerta que llaman los vecinos cuando buscan una solución de la Administración es a la del Ayuntamiento, que con el boom inmobiliario ha podido asumir el exceso de gasto en los años de bonanza. Ahora los municipios se aprietan el cinturón, cada cual con su plan de austeridad y el debut de la congelación de sueldos de altos cargos públicos.

En la capital, este panorama de dificultades se traduce en el sacrificio de algunos proyectos -lo ha asumido el alcalde- y las subidas fiscales. Como ha explicado el concejal de Economía Juan Carlos Adame, los ingresos por recaudación están cayendo a consecuencia de una menor facturación de las empresas (IAE); el descenso en las ventas de coches; y la caída del consumo (IVA) y la construcción. "La fuente de financiación principal en los diez últimos años ha sido el urbanismo y ahora no se vende suelo y además está bajando el precio de las parcelas. En esta situación el Gobierno debe sumar, no restar", subraya el concejal.

Lepe, el segundo municipio onubense que más dinero recibe del Gobierno, también se está resintiendo del bajón de la hostelería, el turismo y el parón inmobiliario, a la par que hace malabarismos para dar servicio a la población inmigrante, que ya copa el 16%.

Punta Umbría se prepara "para un momento complicado -dice el regidor Gonzalo Rodríguez Nevado-, pero con suficientes recursos y proyectos como el de la Peguera, el nuevo mercado, el pabellón de ferias, la jefatura de policía, las VPO..." Valverde hace lo propio impulsando los proyectos de vivienda de La Charca y el Cabecito Pelao.

La receta de la VPO la potenciará también el Ayuntamiento de Gibraleón para paliar la caída en picado del mercado libre y se encauzarán esfuerzos para crear polígonos empresariales e infraestructuras turísticas (con el espaldarazo del nuevo consorcio de la Junta). En paralelo, el alcalde Juan Serrato (PSOE) tiene entre sus prioridades combatir "la importante deuda heredada de la anterior corporación", con el vigente plan de saneamiento.

En el caso de Isla Cristina, la reciente auditoría evidenció la falta de liquidez del Ayuntamiento a consecuencia de los fallos recaudatorios: en año y medio se dejaron de ingresar tributos por valor de 7,5 millones.

Moguer ha notado especialmente la crisis en el sector servicios y la construcción, y espera remontar la economía local potenciando el empleo agrícola y, en Mazagón, el turismo.

Por su parte, el alcalde de Ayamonte, el socialista Antonio Castillo, considera que " -ante la situación que se plantea- éste es de los municipios con más recursos y potencialidades para que los efectos de la crisis sean menores". En esta localidad se va a tratar de consolidar sectores tradicionales como la pesca y la agricultura, y la industria de transformación, que "son -apunta el regidor- una gran fuente de empleo; y también el turismo, que muy pronto va a contar con una nueva herramienta como será el Centro de Congresos".