La Universidad de Huelva (UHU) se dispone a elaborar el tercer Plan Estratégico de su historia que consiste en una auténtica herramienta de gestión de esta institución docente y que corresponde al cuatrienio 2016/20. Con él se pretende definir su posición deseada en el futuro y detallar los medios y forma en que prevé lograr sus objetivos.

En la sesión constitutiva de ayer, presidida por el rector Francisco Ruiz se ha revisado la vigencia, misión, visión y valores de la institución y se han establecido los criterios para realizar un diagnóstico de la situación actual a través de un análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO). Todo ello conducirá a la definición de unos ejes estratégicos que darán lugar a la constitución de las mesas de trabajo integradas por representantes de todos los colectivos de la comunidad universitaria y agentes externos. Ruiz se mostró optimista por el nivel de cumplimiento del PE cuya vigencia está a punto de expirar y achacó a factores y leyes externas a la propia dinámica de la Universidad de Huelva, el que ese nivel de cumplimiento no haya sido más elevado. El del PE anterior fue del 78%.

El Comité del Plan Estratégico (PE), en el cual están representados todos los sectores del consejo de gobierno y los centros de Investigación de la UHU, puso ayer en marcha el proceso para la redacción de ese nuevo plano que marcará el rumbo de la Universidad de Huelva en los próximos cuatro años.

A la vez se abrirán espacios de participación (presenciales y virtuales) para fomentar el debate y opinar sobre el futuro de la Universidad. En este sentido, las mesas de trabajo deberán buscar la participación de la comunidad universitaria y de los agentes sociales a través de diversos medios: cuestionarios y buzón de ideas a través de página web, reuniones informativas en centros, entre otros. Se espera que para finales del presente curso ya esté acabado el borrador que será debatido por los distintos órganos representativos de la Onubense.

Los recortes aplicados tanto por el Gobierno central como el autonómico se han plasmado en aspectos como el freno a la implantación de grados, a la promoción de los profesores o al avance en el peso del Cuerpo Docente Universitario (CDU) en el cómputo general.