La mano de obra internacional es una constante en el campo onubense. Cada año, de las miles de personas inmigrantes que trabajan en el sector agrícola son muchas las que vienen a la provincia en busca de pan, de un mundo mejor, pero la pobreza no es el único motivo que subyace bajo el traumático adiós a sus raíces: otros huyen de la persecución política y de la cruel amenaza de la guerra.

Estas circunstancias han hecho que cientos de migrantes asentados en nuestro territorio se hayan decidido a tramitar oficialmente la petición de asilo, lo que ha colocado a Huelva en 2013 como la sexta provincia de España con mayor número de solicitantes de protección internacional, tal y como consta en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior. Únicamente la superaron en este ámbito las de Madrid, Valencia y Barcelona, la ciudad autónoma de Ceuta y Almería.

La jefa de la Oficina de Extranjeros onubense, Lucía Vizcaya, explicó ayer a Huelva Información que el principal ingrediente de esta coyuntura es el hecho de que buena parte de los jornaleros subsaharianos de la provincia proceden de Malí, donde el golpe de estado de marzo de 2012 y el conflicto posterior han precipitado la huida de ciudadanos de esa nación del África occidental hacia los países europeos.

La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Huelva es la encargada de tramitar esas solicitudes desde hace dos años, cuando asumieron en exclusiva las competencias en materia de asilo y apátridas. Su jefe, el inspector Javier Velasco, indicó ayer a este diario que desde entonces hasta ahora han gestionado unas 400 peticiones de migrantes afincados en la provincia, un centenar de ellas sólo en lo que va de año.

Velasco explica que el 90% de los demandantes de la tarjeta de que les permite residir en España de forma regular son malienses, mientras que el 10% restante lo conforman sirios, ucranianos, senegaleses y costamarfileños.

La colaboración de Cruz Roja es imprescindible para que la veintena de agentes que forman parte de la esta brigada multifuncional onubense lleve a cabo esta labor. Los voluntarios de la ONG "nos pasan un listado, convocamos a estar personas y las entrevistamos durante una hora u hora y media, con ayuda de un intérprete; en ese tiempo nos cuentan todo el recorrido que han tenido que realizar para llegar a Huelva, cómo han cruzado del Estrecho de Gibraltar y qué temores son los que tienen".

La Policía remite los informes individualizados a la Oficina de Asilo y Refugio, dependiente de la Dirección General de Política Interior, órgano especializado que se encarga de la instrucción tanto de las demandas de protección internacional como del reconocimiento del estatuto de apátrida. Estos últimos, los apátridas -refiere el inspector-, "son los menos, aquí hemos contabilizados unos cinco o seis casos, generalmente de subsaharianos con ascendencia española".

A día de hoy, la Oficina da el visto bueno "al 98% de las peticiones que les enviamos", remarca Javier Velasco. El resto no es que se rechace, precisa, sino que "tiene que ver con que el demandante haya pedido asilo con anterioridad en otro país de la Unión Europea, por lo que en aplicación del Reglamento de Dublín es esa nación la que tiene que hacerse cargo de tramitarlo".

Una vez aprobado el asilo, la Brigada de Extranjería proporciona al migrante la tarjeta roja de admisión al trámite de solicitud de asilo, que tiene una vigencia de seis meses. "Es una vez que ha caducado, en la segunda renovación, cuando ya obtienen la tarjeta que los autoriza a trabajar" durante medio año más. No es hasta "un año o dos años" después cuando el solicitante obtiene por fin el permiso de residencia y el NIE, reconociéndosele el estatuto de asilado. Todas estas renovaciones las gestiona también la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía en Huelva.

El inspector jefe Javier Velasco precisa que, entre los entrevistados, "hemos encontrado desde gente que lleva un mes en España hasta personas que ya viven en Huelva desde hace seis o siete años y que tienen el permiso de residencia caducado". Tanto es así, afirma, que "de cada diez chicos que lo solicitan, ocho no sabe siquiera qué es el asilo". Pese a todo, el Gobierno central respalda las peticiones procedentes de países en conflicto. En 2012, los especialistas en Extranjería tramitaron unas 50; el año pasado, alrededor de 250.