La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha abierto seis procedimientos sancionadores a entidades financieras por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de 14 viviendas protegidas en la provincia de Huelva. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a 840.000 euros.

Según informó la Consejería, el motivo de apertura de los expedientes por parte de la Consejería que dirige Elena Cortés es "no haber ofrecido viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes", obligación establecida por el artículo 20 de la Ley de Vivienda Protegida, introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda. Los expedientes parten de que los inmuebles protegidos, construidos con dinero público, deben prestar una función social. Así, los registros municipales establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

Por municipios, las viviendas se encuentran once en Huelva, una en Punta Umbría, una en Lepe y otra en Cartaya. Estas 14 VPO no son las únicas sin asignar a los registros municipales, sino aquellas que la Consejería que dirige Elena Cortés ha logrado acreditar a partir de la información remitida por las propias entidades financieras en cumplimiento de la Ley de Función Social de la Vivienda.

Cada inmueble protegido que no haya sido ofrecido al correspondiente registro supone una infracción muy grave. La Consejería ha notificado los expedientes a las entidades con una sanción de 60.000 euros por vivienda.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, se mostró ayer convencido de que la Consejería de Fomento y Vivienda ha hecho "lo que tenía que hacer" en relación a la apertura de estos procedimientos. En este sentido, el vicepresidente andaluz sostuvo que esta política marca "un nuevo tiempo político, para la vivienda en Andalucía, y no puede ser tratada como un mero aspecto especulativo desde el punto de vista inmobiliario o financiero".

Para Diego Valderas, "un Gobierno que se precie necesita estar de lado de estas familias, no del lado de los especuladores, ni de los poderes financieros", los cuales, a su juicio, "siguen queriendo ostentar una gran parte de las viviendas para poder sacar cierto nivel de interés de carácter especulativo de cara al futuro". Por ello, "vamos a seguir actuando", concluyó.