Termina su ruta burocrática la normativa con la que el Ayuntamiento ha dado una vuelta de tuerca más en la regulación de la "responsabilidad civil" -que puede derivar en "penal", si causa daños a terceros- de cuidar y conservar la arquitectura de la ciudad con revisiones periciales de carácter obligatorio. La nueva ordenanza municipal de Inspección Técnica de la Edificación (ITE) entra en vigor mañana con un doble objetivo: profundizar en el deber de conservar los edificios en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato público y asegurar la realización de los trabajos de mejora y rehabilitación necesarios, simplificando los trámites administrativos necesarios para ello. Además de la conservación, esta ordenanza tiene en cuenta la accesibilidad y eficiencia energética de los edificios.

Como informaron a este periódico desde el Ayuntamiento, la nueva ordenanza incluye los preceptos marcados por la Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y, al mismo tiempo, supone la actualización de los plazos, estableciendo un nuevo calendario para la obtención obligatoria de la ITE y un régimen sancionador derivado de su incumplimiento. Así, antes de este mes de julio deberán tramitar la inspección todos los edificios protegidos y todos aquellos construidos antes de 1945. El plazo se amplía hasta el 31 de diciembre de 2015, para los inmuebles que datan de entre 1951 y 1964. Como regla general, sin embargo, la normativa obliga a superar este trámite a todas las viviendas con más de 20 años de antigüedad, con el deber de renovarlas cada 10 años.

Para ello, los propietarios deben ponerse en contacto con los profesionales competentes, arquitectos y arquitectos técnicos, que serán los encargados de facilitar la documentación necesaria para su tramitación en el Departamento de Conservación de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva. El propio Consistorio, para fomentar el cumplimiento de esta obligación de los propietarios, viene remitiendo circulares a los propietarios de manera que, en el último año, se ha insistido especialmente a las edificaciones más antiguas, con preferencia a las que están situadas en el Casco Histórico y aquellas que sufren patologías manifiestas tras la emisión de órdenes de ejecución dirigidas a corregir problemas de seguridad, como desprendimientos.

Como consta en el estudio económico al que ha tenido acceso Huelva Información, la tasa que se ha establecido para pasar este trámite obligatorio tiene un importe de 50 euros para los edificios de uso residencial de hasta 8 viviendas; de 100 euros para los que tienen entre 9 y 20 viviendas; y de 150 euros para las comunidades de vecinos que aglutinan más de 20 viviendas.

Para edificios de otros usos (como oficinas, comercios, etc), la ITE costará 50 euros si la superficie construida es inferior a 1.000 metros cuadrados; de 100 euros si tiene entre 1.000 y 2.200 metros cuadrados construidos; y de 150 euros si excede esta superficie.

En caso de incumplimiento del deber de conservación se establece un régimen sancionador, instaurando una graduación de infracciones, de leves a muy a graves, para la imposición de multas. Como recoge el texto de la ordenanza, "el incumplimiento por parte del propietario de su obligación de cumplimentar en tiempo y forma la ITE constituye una infracción grave [penalizada con multas de entre 3.000 hasta 5.999 euros], salvo que se subsane voluntariamente tras el primer requerimiento formulado al efecto por el Ayuntamiento de Huelva, en cuyo caso tendrá la consideración de infracción leve [entre 600 y 2.999 euros de multa].

Igualmente constituye infracción grave el incumplimiento en el plazo otorgado al efecto, de las medidas cautelares, órdenes de ejecución dictadas por la Administración urbanística o solicitud de la licencia urbanística municipal correspondiente, encaminadas al deber de conservar los terrenos, construcciones y edificaciones y de mantener en todo momento el uso establecido por el planeamiento. También tiene esta consideración de gravedad la obstrucción de las funciones propias de la potestad inspectora.

Las multas pueden elevarse hasta a 120.000 euros partiendo de un mínimo de 5.999 euros en el caso de que el incumplimiento de pasar la ITE en tiempo y forma ataña al propietario de un edificio que esté catalogado por su valor como legado patrimonial o su singularidad arquitectónica. En ese supuesto, la infracción se calificará como muy grave.

La exposición de motivos del nuevo texto normativo arranca con la idea de que "el desarrollo urbanístico del siglo XXI se desenvuelve en torno a los retos simultáneos de crecimiento sostenible y rehabilitación cualificada de la ciudad existente". Defienden desde el Ayuntamiento que desde 2002 se trabaja desde la capital onubense para la conservación y el mantenimiento de las edificaciones en la ciudad, mediante la sensibilización de los propietarios. Desde entonces, se han producido cambios en la legislación destinados a potenciar el mantenimiento de viviendas, que junto con la experiencia acumulada sobre esta materia, han motivado la puesta en marcha de la nueva ordenanza.

Tras la aprobación de la Ley 8/2013 de 26, la ordenanza pretende también adecuar el parque edificado de la ciudad a las exigencias europeas relativas a la eficiencia energética, para abundar en el ahorro energético. Así pues, y como ya se pretendiera con la anterior ordenanza, se propone involucrar a los ciudadanos para conseguir mayores cotas de conservación de la edificación, mediante técnicas de fomento en apoyo de un mejor cumplimiento del deber urbanístico de conservación y el planteamiento de la rehabilitación preventiva y continuada.

Con la introducción de la obligación formal de obtener el informe de ITE se persigue profundizar, con la colaboración de los técnicos competentes, en una cultura en los ciudadanos favorable a realizar controles técnicos periódicos en la edificación al objeto de conocer las patologías de la misma y promover además hábitos de uso sostenibles, para llevar a cabo las actuaciones inmediatas que eviten que su demora incremente el coste de reparación, lo que redunda en una mejor conservación general de la edificación.

Este mayor conocimiento plasmado en un registro de carácter público, el Registro de Inspección Técnica de la Edificación, dotará de mayor seguridad jurídica y técnica a los usuarios del mercado inmobiliario de viviendas de cierta antigüedad o rehabilitadas, tratando así de remediar la falta de atención precisa a este sector del mercado inmobiliario, excesivamente volcado hacia la vivienda de nueva planta.