Los dos empresarios que se han querellado contra la ortopedia Gordillo -además de contra su propietario, F.G.C., y los comerciales M.M.G. y M.J.G.M.- propondrán al titular del Juzgado de Instrucción 2 de Huelva la inclusión de cuatro nuevos testigos en la causa que investiga si los tres imputados pudieron incurrir en delitos de estafa, falsedad en documento público, infidelidad en la custodia y violación de secretos e intrusismo profesional durante el desarrollo de su labor profesional en hospitales públicos de Huelva.

Según informaron a Huelva Información fuentes del caso, el letrado sevillano Luis Romero, que ejerce la acusación particular, solicitará en los próximos días al magistrado Esteban Brito que oiga como testigos a otros tres dueños de ortopedias onubenses que, según los querellantes, "también tienen mucho que decir porque conocen la forma de actuar de Gordillo desde hace 20 años".

A la petición de admisión de estos testimonios se sumará una más: la declaración de la paciente que interpuso una queja en el hospital Juan Ramón Jiménez el 29 de mayo del pasado año, después de que supuestamente la comercial M.J.G.M. la indujera a que realizara las compras de dispositivos ortopédicos que necesitaba su hija en la empresa para la que trabaja. Como ya adelantó este diario, la usuaria denunció en Atención a la Ciudadanía del centro hospitalario que la trabajadora de Gordillo, que vestía con una chaqueta blanca dentro del hospital y a la que confundió con personal sanitario, trató de retirarle unas recetas ya selladas "de manera inapropiada" para proporcionarle otras dos "de un talonario propio".

Así, textualmente, lo reseñan los investigadores privados de Manel Detectives en el informe aportado al procedimiento, pilar básico para fundamentar la querella que ha acabado en imputación para los tres demandados.

Estos cuatro testigos se sumarían al listado propuesto por la acusación particular (pendiente aún de su admisión a trámite), en el que ya figuraban varios familiares de F.G.C., los detectives, el responsable de Prestaciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y los jefes de los servicios de Rehabilitación y Traumatología de los hospitales Juan Ramón Jiménez, Infanta Elena, Vázquez Díaz, Blanca Paloma y ambulatorio La Cinta.

A la espera de los resultados de las diligencias que lleva a cabo la Policía Judicial de Huelva, por el momento no han trascendido novedades sobre el expediente judicial.

Este diario contactó con Ortoan, la asociación andaluza que representa al 90% de las empresas del sector (más de 300), cuyo portavoz, Sergio Clemente, indicó que la Gordillo "no pertenece ni ha pertenecido nunca a nuestra asociación", ya que la patronal tiene conocimiento de su supuesta manera de proceder "desde hace años y lo hemos denunciado por activa y por pasiva".

Ortoan valora de forma "muy positiva" que la Justicia esté investigando un caso que "no es exclusivo de Huelva, porque hay un Gordillo en todas la provincias andaluzas, pero no de forma tan descarada ni con tal volumen de facturación".

Sin ir más lejos, hace una semana la directiva de la asociación regional mantuvo una reunión en los Servicios Centrales del SAS con el subdirector de Ordenación y Organización del ente público, Jacobo Espinosa de los Monteros, "en la que le informamos de un caso de irregularidades en ortopedias de Granada" similar al onubense, aunque no de tanta envergadura como el que investiga el Instrucción 2 de la capital.

Durante el encuentro y según Ortoan, Espinosa de los Monteros "nos mostró su preocupación por el caso de la ortopedia de Huelva y le transmitimos nuestra intención de intentar erradicar dichas prácticas irregulares en nuestro sector y que tanto dañan la imagen del mismo".

Para Sergio Clemente, esta muestra de preocupación "no es suficiente, porque ya habíamos puesto en su conocimiento que en Huelva se estaban produciendo muchas irregularidades y llegó a decir que teníamos intereses ocultos", en lugar de abrir una investigación para esclarecer los hechos.

El colectivo está preocupado porque tiene constancia, a través de distintos testigos, de que el imputado M.M.G. "sigue yendo a los hospitales de la capital con su carpeta negra de comercial cuando no le corresponde el turno de guardia a Gordillo, algo que está totalmente prohibido; actúan a día de hoy igual y con total impunidad, como hasta ahora".