Tras más de 30 años de sinsabores, los agricultores de la comarca del Condado tienen motivos más que suficientes para brindar en esta recta final de 2013. Las infraestructuras hídricas que garantizarán la llegada del riego hacia sus explotaciones serán una realidad tangible y no únicamente un cúmulo de promesas y planos que adolecían del sustento económico en el que encallaron año tras año los proyectos.

Ha tenido que ser en un periodo de crisis cuando las administraciones se han apresurado a poner sobre la mesa la financiación que apuntale un sector económico que sustenta toda la economía de la comarca.

Aunque las obras que competen al Gobierno Central y que promueve la Comunidad de Regantes El Fresno aún no han visto su primera piedra, fuentes de la subdelegación del Gobierno en Huelva insistien en que la ejecución de las mismas se hará "en breve" después de que la Declaración de Impacto Ambiental se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de unas obras que ejecutará la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) y en las que se invertirán 17 millones de euros, de los cuales un 70% correrán a cargo de los fondos Europeos FEDER, mientras que los agricultores que se beneficiarán de estos recursos completarán el montante global aportando la parte proporcional que les corresponde.

El mayor desafío que presenta la obra de ingeniería lo comporta la orografía del terreno, que obliga a dotar de energía a las estaciones de bombeo de Hidroguadiana y Montemayor, encargadas de trasladar hasta Lucena esos 4,9 hectómetros cúbicos que autorizó el Consejo de Ministros desde la Cuenca Atlántica a la del Guadalquivir. Para ello se construirá una subestación eléctrica de 40.000 Kw de potencia que se llevará la mayor parte de la financiación.

Con esta infraestructura operativa y sus correspondientes canalizaciones, el agua estará disponible para un 5% de los campos más al norte de Moguer, la totalidad de los de Lucena del Puerto y un 80% de la superficie de Bonares.

La otra pata del proyecto, para regar en un primer momento 854 hectáreas de superficie, corresponde a la Junta de Andalucía, que, a su vez, se encuentra construyendo una balsa de regulación en el término municipal de Rociana del Condado y dos estaciones de bombeo que abastecerán a los cultivos más al noroeste del Condado.

Asimismo, un hectómetro cúbico será utilizado para el consumo humano, siempre en función de las necesidades del pantano del Corumbel, garantizando con ello el suministro a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de La Palma del Condado, que abastece a una población de 80.000 habitantes residentes en los municipios de Almonte, Bollullos del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Lucena del Puerto, Manzanilla, Niebla, Paterna, Rociana, Villalba del Alcor, Villarrasa y la propia La Palma del Condado.

A esta actuación se ha sumado recientemente el proyecto planteado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la construcción de un segundo embalse en el río Agrio, en Sevilla. Con esta nueva regulación se proporcionaría agua superficial a los regadíos de Doñana para colaborar en la restricción de las extracciones del acuífero que surte al parque.

La prioridad de la administración autonómica se centra en dar a luz al Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, que ha de definir la zona de riego en las 64.000 hectáreas que, a modo de frontera, delimitan con el Espacio Natural.

La Junta de Andalucía le ha dado varias vueltas a un documento que tendría que haber estado operativo en 2007. La redacción del documento se fue postergando hasta que la falta de regulación comenzó a hacer estragos en los mercados europeos después de que algunos medios de comunicación extranjeros se hiciesen eco de esta circunstancia, empañando así la buena praxis en materia medioambiental de la mayor parte de los agricultores de la comarca del Condado.

Mientras, la Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se han mostrado incapaces de frenar la expansión de los regadíos y cumplir el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad) que ponía techo al riego en la zona. Sólo tras las denuncias en Europa, que instó a la Fiscalía a actuar, comenzaron a cursarse denuncias, según el sector de forma indiscriminada, incluso contra agricultores que no se habían saltado la ley y llevaban explotando sus fincas desde antes del 2004.

Con este horizonte, 2014 promete ser el año definitivo para el Plan. En enero, el Consejo de Participación de Doñana celebrará un pleno extraordinario para abordar este asunto, mientras se mantienen las negociaciones para determinar el número de hectáreas que se legalizarán. En un primer borrador se habló de 9.098 hectáreas, si bien tras las reuniones con los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana se habla incluso de poder llegar hasta las 9.600 hectáreas, una cifra que algunos ayuntamientos aún consideran insuficiente.

La regulación de los regadíos no presentaría mayor desafío si no fuese por los limitados recursos hídricos de la zona, un elemento en la ecuación que complica la resolución de la incógnita.

El trasvase de la Cuenca Atlántica a la del Guadalquivir no es más que la constatación de que no existe agua para regar todas las hectáreas que hoy día acoge el Condado. Así lo sentencian los ecologistas, y más concretamente WWF, que insiste en que estos 4,9 hectómetros cúbicos continúan siendo insuficientes para equilibrar las necesidades del sector agrícola. Este caudal permitirá en un primer momento regar 854 hectáreas y evitar la presión sobre las extracciones del acuífero que alimentan Doñana. El resto tendrán que continuar extrayendo agua de los pozos de forma legal una vez se dé luz verde al Plan Especial de Regadíos de la Corona Norte de Doñana.

Ahí se centra el problema. WWF insiste en que los estudios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) reflejan que del acuífero únicamente pueden extraerse 23 hectómetros cúbicos anuales sin dañar todo el ecosistema de Doñana. Felipe Fuentesalz, representante de aguas de WWF, insiste en que, de regarse las 8.952 hectáreas que contenía el borrador inicial, se generaría un déficit hídrico anual de 4,3 hectómetros cúbicos que "nadie acierta a explicar cómo se sustituirá", a fin de evitar la desecación de las marismas como ya sucediese en parajes como las tablas de Daimiel.