La terrorista María Jesús Romero Vega ya está en la calle. La Audiencia Nacional ordenaba ayer la excarcelación de la miembro de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo), condenada a cumplir 75 años de prisión por dos asesinatos y pertenencia a banda armada. Lo hacía en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que anula, con carácter retroactivo, la llamada doctrina Parot, que obligaba a los grandes criminales del país a permanecer entre rejas los 30 años que (como máximo) permite la ley.

Detenida en 1990, Romero Vega no debía quedar en libertad hasta 2020, pero ahora sí cuenta el criterio por el que se descuentan los beneficios penitenciarios del total de la pena, lo que transforma en procedente su excarcelación. No obstante, se ha producido un día después de que obtuviera el informe favorable de la Fiscalía, ya que en la jornada del martes los magistrados de la Audiencia Nacional no pudieron firmar la orden.

La grapo ha pasado los últimos años en la penitenciaría onubense de La Ribera, después de un periplo que la llevó de la cárcel de Sevilla en los 90 a la de Brieva, en Ávila, adonde permanecía aún en 2008.

Veinticinco minutos después de lo previsto, a las 16:55 de la jornada de ayer, la terrorista daba los primeros pasos hacia la libertad tras 23 años de presidio, de los que fue testigo en exclusiva Huelva Información. Visiblemente nerviosa, se mostró muy cariñosa con los dos familiares que la esperaban a la entrada del penal. Portaba un carretín en el que había colocado siete grandes bolsas con sus pertenencias, entre ellas un buen número de libros que asomaba entre los bultos.

El 27 de mayo de 1988, María Jesús Romero Vega y otros dos miembros de su comando, Laureano Ortega Ortega y Encarnación León Lara (puesta en libertad ayer también en Murcia), llamaban al telefonillo del domicilio del empresario coruñés Claudio Sanmartín, que regentaba una conocida cadena de supermercados y fue presidente de Caixa Galicia. Dijeron que tenían que hacerle entrega de un ramo de flores y su mujer les abrió la puerta. De entre las rosas emergieron las pistolas. La víctima, de 53 años, fue abatida de varios disparos. Según la hemeroteca, sus tres hijas estaban al teléfono. Habían llamado a sus padres desde Madrid para charlar con ellos. Pero los grapo interrumpieron la conversación de la forma más terrible.

Otro día 27, pero esta vez de marzo y de 1990, casi dos años más tarde de la desaparición de Sanmartín, Romero Vega volvía a actuar. Según considera probado una sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el grapo Fernando Silva Sande le ordenó a ella y a Guillermo Vázquez Bautista el exterminio del doctor José Ramón Muñoz, quien entonces dirigía el equipo médico que trataba a los presos de la organización terrorista que se habían puesto en huelga de hambre. María Jesús Romero Vega y su compañero asesinaron al médico en su consulta del Paseo de la Constitución de Zaragoza. Le descerrajaron tres tiros.

La terrorista fue detenida en octubre del 90 en una macroperación en la que cayeron otros cuatro grapos. Estaban preparando el secuestro de un industrial, pero la Policía frustró sus planes y los arrestó en Madrid. La prensa de entonces publicó que los reos pensaban hacerse pasar por empleados de una compañía de gas para acceder a las instalaciones y asaltar al empresario Alejandro Gómez Durán. Los agentes la interceptaron cuando salía del portal del número 11 de la calle Coslada de Madrid, donde disponían de un piso franco en la cuarta planta.

Por el asesinato a quemarropa del empresario gallego Claudio Sanmartín, la terrorista fue condenada a 37 años de cárcel. Los otros 38 años de reclusión (que completan la pena global de 75) le cayeron por el asesinato del médico en Zaragoza y por pertenencia a banda armada.