"Ésta es una situación tan escandalosa que no se da en ningún otro sector. No tiene ni pies ni cabeza". Los empresarios turísticos claman contra la existencia de alquileres fuera de la ley en viviendas vacacionales. No están registradas, no tributan y no contemplan condiciones mínimas de calidad y seguridad. De esta forma, con dinero fácil y directo movido por particulares, las casas de alquiler en la época estival se han convertido en la mayor competencia para hoteles y apartamentos turísticos, la parte legal, mínima, de la tarta. Siempre ha sido así pero la crisis ha agudizado el problema por su afección a ambas partes. Ha llegado el momento, aseguran, de atajarlo.

La economía sumergida que se mueve con los arrendamientos vacacionales ha crecido exponencialmente en los últimos años. Uno de los últimos datos fiables conocidos, del informe elaborado por Gestha, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, apunta que en Huelva hay 7.609 viviendas alquiladas no declaradas, con un fraude calculado de 12.647.203 euros según las declaraciones de la renta presentadas en 2011.

"Estos datos, realizando el cómputo medio de cuatro plazas por vivienda, suponen 30.436 plazas ofertadas fuera de la ley, cuando las plazas regladas en la provincia (tanto de hoteles como de apartamentos turísticos) están en torno a las 30.000", explica el presidente de la Asociación Provincial de Hoteleros de Huelva, José Manuel Díaz. "Son datos escandalosos", añade, "al margen de una situación que sólo se da en este sector".

La patronal hotelera sólo pide "desde hace años" una cosa: "Regulación". "No nos oponemos a que haya alquileres de viviendas, pero queremos que se actúe contra el mercado negro y se regule esta actividad", apunta Díaz.

Las estimaciones que maneja su colectivo cifran el peso de la oferta alegal en torno al 60%. "Es una competencia desleal que no puede soportar este sector, sobre todo en las condiciones actuales".

Después de que el Gobierno realizara una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos al comienzo del verano, la posible regulación de los alquileres de viviendas vacacionales ha pasado a las comunidades autónomas, que tienen la pelota sobre su tejado.

"Nos consta que la Junta de Andalucía está trabajando en ello y que se está coordinando con otras comunidades para habilitar un espacio normativo a esta figura, pero desconocemos los detalles. Sólo pedimos que tengan en cuenta la necesidad de reglar todo lo que está fuera de la ley, y que los requisitos que se impongan sean asequibles para facilitar la incorporación de la mayoría de alquileres irregulares", explica el presidente de los hoteleros. "Es clave -insiste- que no sea una norma limitativa, exigente y excluyente".

El arrendatario de las viviendas vacacionales alegales suele ser, según José Manuel Díaz, un propietario individual de uno o dos apartamentos en la costa que, por diferentes medios, bien con carteles en el edificio o a través de internet, "da publicidad a su oferta y llega a los consumidores de forma ágil y directa".

"Últimamente se ha acentuado este problema por muchos propietarios de viviendas que se encuentran en dificultades económicas y ven el alquiler de verano como una ayuda para pagar las hipotecas que mantienen", explica el empresario onubense.

Siendo tan evidentes este tipo de alquileres, tan accesibles al público, los hoteleros no entienden que no se actúe contra ellos para acabar con el fraude: "No hay justificación para que la Agencia Tributaria o Turismo no hayan atajado el problema ya".