Son la puerta de entrada al sistema de protección social, el médico de familia de dependientes, personas en riesgo de exclusión social, mayores y niños o drogodependientes. Los servicios sociales comunitarios abarcan una amplia variedad de prestaciones gestionadas por las entidades locales a partir de un plan concertado entre las tres administraciones (central, autonómica y local) que empezó a funcionar a finales de los años 80. Pero en los últimos años, precisamente cuando más ha aumentado su público objetivo, la tijera también ha llegado a este plan: en cuatro años la aportación de las administraciones central y autonómica ha caído un 37%, 1,3 millones menos para los programas locales que atienden a una importante parte de la población de la provincia. Son los prolegómenos de un cambio radical a partir del próximo año: según el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local recién enviado al Congreso, las comunidades autónomas se quedarán con estos servicios un año después de la aprobación de la norma.

El plan concertado surgió en 1988 como fuente de financiación de los servicios sociales comunitarios, fruto de un convenio firmado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas pero que dejaba en ayuntamientos y diputaciones la prestación de los servicios. En un principio, cada administración aportaba un tercio del coste del programa, pero a lo largo de los años las transferencias se fueron reduciendo y los entes locales fueron asumiendo el peso del plan. Tras unos años de estabilización de las aportaciones, en el año 2011 la crisis empezó a hacer mella en los presupuestos sociales de las administraciones y las cantidades empezaron a caer. Y a fecha de hoy, el peso del plan concertado recae prácticamente sobre los ayuntamientos incluidos (los mayores de 20.000 habitantes) y la Diputación Provincial: el Ayuntamiento de Huelva aporta el 89% del coste total del servicio y la Diputación un 80%. Un presupuesto que a partir de ahora tendrán que asumir las comunidades autónomas, puesto que según la nueva ley a ellas les corresponderá la prestación de los servicios sociales y de promoción y de reinserción social.

Hasta ahora se ha podido compensar la reducción de las transferencias, aunque con gran esfuerzo. Los servicios sociales comunitarios engloban una gran variedad de programas, desde el servicio de información y orientación que atiende en primera instancia a los ciudadanos que demandan ayuda (que sí se quedan los entes locales según la nueva ley) a los programas de intervención comunitaria: contra el absentismo escolar, talleres frente a los problemas de convivencia, prevención del consumo de drogas... También son los encargados de gestionar la ayuda a domicilio o las ayudas económicas familiares y de emergencia social. Un amplio catálogo sobre el que corporaciones locales y sindicatos alzaron la voz de alarma a finales del pasado año por la reducción presupuestaria que se les venía encima y los problemas para mantener el personal contratado en los diferentes servicios.

Sólo de 2102 a 2013 los servicios sociales comunitarios han pasado de contar con 3,2 millones de euros de Gobierno y Junta a 2,4 millones, un 24% de caída. El Ministerio se lleva el mayor porcentaje de descenso, al pasar de 618.000 euros a 359.000 este año (casi un 42%), mientras que la Junta de Andalucía reduce la partida del plan concertado en medio millón de euros (casi un 20%). Aunque en el caso de la administración autonómica, señalan fuentes de la Junta, se transfiere otra partida en concepto de ayuda a domicilio dentro del nuevo plan de exclusión social.

En todo caso, llueve sobre mojado para el Ayuntamiento de Huelva. El Consistorio onubense calcula que un tercio de los vecinos de la ciudad participarán en alguno de los 45 proyectos de prevención que se llevan a los barrios, que van desde la educación en valores a alternativas de ocio y tiempo libre, como los campamentos de verano que se están desarrollando en las últimas semanas. A ellos hay que sumar las personas que llegan a los servicios de información o los atendidos en el albergue municipal.

Según explican desde el Consistorio, el dinero que llegaba desde las administraciones superiores se destinaba al pago de las nóminas, por lo que para evitar un recorte de plantilla ha decidido asumir las nóminas de los trabajadores en su propio capítulo de personal. En total, Huelva aporta este año 5,7 millones de euros al plan concertado y recibe casi 650.000 euros. Para el Ayuntamiento (gobernado por el PP), el problema de base es la asunción de competencias propias de la Junta de Andalucía en los presupuestos locales, algo que lleva años produciéndose, pero que en la situación actual es "insostenible", aseveran desde el Ayuntamiento. Precisamente el mismo argumento, las competencias impropias, se ha empleado al retirar los servicios sociales de los ayuntamientos en la reforma local.

También en la Diputación Provincial se ha optado por compensar la partida perdida con presupuesto propio. Según explica la diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, "no hemos ejecutado ni un despido ni hemos suprimido ningún programa". Así se hizo en 2012, cuando la institución subió su presupuesto para cubrir el descenso en la aportación del Ministerio de Sanidad y así lo han hecho en este ejercicio, cuando también ha caído la aportación directa de la Junta al plan concertado: la institución supramunicipal abona 5,2 millones del plan, la Junta algo más de un millón y el Gobierno 203.000 euros. Aunque, destaca, "la Junta ha compensado por otra parte con su aportación al servicio de ayuda a domicilio, por lo que ha acabado aportando más", con 1,1 millones por este concepto. En el caso de la institución provincial, que se encarga de la atención a los pueblos menores de 20.000 habitantes, en 2012 se atendió a 35.538 personas. El gran interrogante se abre ahora con la vuelta de las competencias a las comunidades autónomas: ¿qué pasará con los programas y el personal? ¿Y cuál será la financiación?