Atesora una extensa ristra de detenciones e imputaciones, pero es la primera vez que pisa la cárcel para quedarse. José Manuel Garrido El Tiburón, el puntaumbrieño que lanzó la fraudulenta -y mediática- oferta de trabajo para albañiles en Dubai (Emiratos Árabes) por un sueldo de 600 euros diarios, ingresó hace unos días en el penal de Cáceres para cumplir dos condenas por estafas perpetradas en Huelva y Zaragoza. En total, tres años de reclusión, según confirmaron ayer a este diario fuentes judiciales.

Hasta ahora no se ha llevado a término la ejecutoria de la Sección Primera de Huelva de julio de 2011, por la que el tribunal le condenaba a dos años de prisión por un delito de estafa en venta de vehículos cuantificada en más de 390.000 euros. Un acuerdo entre las partes evitó que la pena impuesta fuera mayor, teniendo en cuenta que la Fiscalía pedía cinco años de cárcel para los seis imputados en la trama -entre ellos, la mujer y el hijo de El Tiburón, condenados a un año de reclusión cada uno-, y que las acusaciones particulares solicitaban para ellos siete años de prisión por considerar que el delito de estafa era continuado.

Como quedó probado entonces en el plenario, el negocio virtual que montaron Garrido y su socio, Juan Luis Prieto (condenado también a dos años de cárcel), era redondo. Publicaban en páginas de internet imágenes de vehículos de alta gama y se comprometían, previo pago -ahí estaba la trampa-, a enviarlos a los compradores. Pero los coches supuestamente importados desde Alemania nunca llegaron a sus destinatarios.

Crearon dos sociedades y utilizaron otras empresas, sin que sus administradores tuvieran conocimiento de ello, para aparentar que el negocio era serio y solvente. Pese a que aceptó el acuerdo de las partes, El Tiburón mantuvo ante la prensa que "no se trató de una estafa" sino de un "incumplimiento de contrato" por parte de uno de sus proveedores, y que fue esta circunstancia la que le impidió entregar los coches a sus clientes.

En mayo de 2011, el Ministerio Público ordenó la detención e ingreso en prisión de Garrido y su socio, puesto que no comparecieron en el juicio por esta causa, centrada en hechos ocurridos entre 2007 y 2008. El Tiburón alegó que estaba enfermo. La Audiencia decretó prisión para él por riesgo de fuga, pero su familia abonó de inmediato la fianza de 6.000 euros necesaria para que quedara en libertad.

En este impás, un juzgado de Zaragoza lo reclamaba por haber perpetrado otra estafa en tierras aragonesas, relacionada también con la compraventa de automóviles. Al no comparecer en el juicio, se emitió una orden de busca y captura contra él y de ingreso inmediato en prisión por riesgo de fuga. Lo curioso es que El Tiburón no pudo ir porque estaba encarcelado preventivamente en Huelva. Sus familiares abonaron la fianza, sí, pero sólo unos días más tarde, el 27 de mayo de 2011, ingresaba en el presidio zaragozano de Zuera, donde permaneció dos meses hasta la celebración de la vista oral. Fue condenado a un año de cárcel, pena que, sumada a los dos años impuestos desde Huelva, le han hecho entrar -ahora sí- de forma definitiva en el centro penitenciario extremeño de Cáceres.

Es la primera vez que pisa una celda sin ser considerado un recluso preventivo. Y eso es una novedad, teniendo en cuenta que tiene en su haber un palmarés delictivo importante: en 2005, antecedentes por falsedad documental y estafa en Huelva; en 2007, por falsificación de moneda, asociación ilícita y blanqueo de capitales en Marbella; en 2008 fue arrestado por reclamación judicial en Madrid, por amenazas, estafa y quebrantamiento de condena impuesta por el juez; en 2009 lo detuvieron por estafa y falsificación de documento público en Sevilla y de nuevo fue detenido en Huelva por estafa.

En mayo de 2010 protagonizaba uno de los episodios más señalados de su historial delictivo: la suculenta oferta de 2.000 puestos de trabajo en Dubai a razón de 18.000 euros al mes, publicitada a bombo y platillo en todos los medios de comunicación y que acabó siendo otro fraude. Fue arrestado días más tarde, imputándosele un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de estafa en grado de tentativa, asunto que todavía no ha llegado a juicio.

Poco tiempo después fue detenido de nuevo, junto con otras cinco personas, por usar, supuestamente, matrículas falsas en vehículos, evitando con ello responsabilizarse de posibles infracciones de tráfico y del pago de impuestos de matriculación de hasta 12.000 euros.