El salón de grados de la Facultad de Derecho de Huelva fue ayer el escenario elegido para la celebración de una jornadas de actualidad, las tituladas Desahucios, una ley de 1909 en pleno siglo XXI, en las que se abordó el terrible drama de los lanzamientos y las ejecuciones hipotecarias desde una óptica analítica que acabó en debate.

La apertura de la iniciativa corrió a cargo del presidente de la Fundación Alfonso Perales -organizadora de la jornada-, Carlos Perales, quien se refirió a la "anacrónica" Ley Hipotecaria de principios de la pasada centuria (todavía vigente) haciendo referencia a un libro de Juan Eslava Galán en que el escritor compara la sociedad de aquella época con la actual: "Era una España de decadencia, de caciquismo político, donde se practicaban ejecuciones públicas que a día de hoy, en vez de garrote vil, se llaman ejecuciones hipotecarias".

La ex ministra de Cultura y profesora de Derecho Constitucional Carmen Calvo inició la primera disertación de la tarde, La vivienda, un derecho en la Constitución española, recordando que "nos ha costado casi 200 años visualizar que la educación debía ser un derecho fundamental y casi 50 años lograr una sanidad universal: hay que pensar en la vivienda del mismo modo, como una prestación del Estado obligatoria, gratuita y fundamental".

Recordó que el capitalismo ha colocado "en el mercado de las cosas a la vivienda, pero ésta no es un bien opcional, sino de primera necesidad, con lo que nunca" debería haberse ubicado en ese nivel. "No es casual", a juicio de Calvo, que en una democracia joven como la nuestra "que ha dejado de lado un modelo productivo sólido se les haya ocurrido lo más cercano al chanchullo: la burbuja inmobiliaria, donde se podía alojar el abuso extremo porque la vivienda es una necesidad, no un capricho".

Frente a esto "hemos legislado tímidamente, no con una Ley poderosa como las de sanidad o educación" y la socialista le refirió al Gobierno del Partido Popular que "la mejor manera de hacer útil la Constitución es modificándola para adaptarla a las realidades de este país, aunque ahora dicen que es mejor no tocarla".

La ex ministra expuso a los asistentes a la ponencia que "ahora mismo tenemos garantizados multitud de derechos, como el de la libertad de expresión, que están por encima del de la propiedad privada y la vivienda, ya que estos dos últimos no son derechos fundamentales, sino simplemente constitucionales". Por tanto, la coyuntura actual requiere "una respuesta revolucionaria que habrá que poner en práctica".

La propuesta de Calvo se centra en el desarrollo del artículo 47 de la Carta Magna, elevando la vivienda a la categoría de derecho fundamental y siguiendo un modelo similar al educativo. En primer lugar, se hará necesario que las competencias en materia de vivienda "no estén transferidas", es decir, que las gestione directamente el Estado. En segundo, poner en marcha "planes de viviendas públicas parejos a los de educación y sanidad, que no queden al albur de un partido político". También sugirió que "pongamos al día nuestra ley tributaria y concursal" y que "la primera vivienda tenga realmente un coste económico", quedando fuera del mercado privado, que sería opcional para aquellos que quisieran pagar una segunda residencia u otro domicilio más lujoso.

Carmen Calvo aseveró que "no podemos desaprovechar la oportunidad de sacar algo de agua de este desierto sobre el que se apoya el trípode de la vida: educación, sanidad y vivienda".

La segunda ponencia corrió a cargo de la magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva Carmen Orland, miembro además de la asociación Jueces por la Democracia, quien piso sobre la mesa los Problemas jurídicos a la hora de realizar un desahucio. La juez remarcó que "desahucio se refiere a un alquiler que acaba en lanzamiento" he hizo un repaso a la situación en que han quedado hipotecas y deudores tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, "con una clara desvalorización del mercado, ciudadanos que no pueden pagar las cuotas y que tienen que hacer frente a procedimientos de ejecución hipotecaria que acaba con la vivienda subastada", generalmente recomprada a precio de saldo por la entidad bancaria que le concedió el crédito.

La magistrada hizo hincapié en que, pese a que la Ley Hipotecaria es de 1909, "tampoco se modificó en el año 2000 con la Ley de Enjuiciamiento Civil", una oportunidad perdida. En 2012, detalló, se han realizado un 20,6% más de ejecuciones hipotecarias que en el año pasado y se han practicado 350.000 desde que comenzó la crisis. No obstante, "un estudio realizado tomando como muestra cuatro juzgados de Bilbao desvela que sólo el 22% de los desahucios se refiere a la vivienda habitual". Es ahí donde hay que incidir con mayor celeridad.

Orland criticó duramente los tres reales decretos publicados por el Ejecutivo (el primero, del 1 de julio de 2011; el segundo, del 9 de marzo pasado; el tercero, de 15 de noviembre), por ser "parciales y contemplar supuestos mínimos de exclusión social" que sólo cumplen los ciudadanos que están más al límite. Puso la lupa sobre el más reciente, de hace sólo unas semanas, "donde se suspende durante dos años los desahucios porque se confía en que en ese plazo mejore la situación económica de las familias, ¡pero la deuda sigue generando intereses, por favor!; leyes así no solucionan los problemas", concluyó.

Desde el punto de vista judicial, "la Ley de Ejecución Hipotecaria no está pensada para el momento actual y nos deja pocos resquicios para actuar de otra forma", pero se mostró confiada en que iniciativas como el informe de la abogada general del Tribunal de Justicia Europeo, que considera que se han cometido abusos en los contratos hipotecarios que vulneran leyes comunitarias, arrojen algo de luz sobre el asunto.

En este punto, la ex ministra Carmen Calvo intervino para recordar que del informe de Buenas Prácticas al que se han acogido casi todas las entidades bancarias se extrae que "de 586 casos de dación en pago que se han pedido, los bancos sólo han concedido tres en siete meses".

Tras el receso, intervinieron el catedrático de Economía Financiera de la Universidad de Huelva Juan José García Machado, el representante de la plataforma Stop Desahucios Javier Valderas y la diputada de Bienestar Social de la Diputación de Huelva, Rocío Cárdenas.