La evasión en el pago de multas alcanza en Huelva un índice del 70%. De las sanciones que impone el Ayuntamiento a los ciudadanos que se saltan las ordenanzas a la torera, al cierre de la liquidación anual queda un tercio pendiente de pago en lo que atañe a las áreas de tráfico, medio ambiente, infraestructuras y otros ámbitos regulados. Una importante fuga en las arcas de la Administración local respecto a los derechos reconocidos netos.

Así lo pone de manifiesto la última referencia oficial, el documento de la liquidación presupuestaria de 2006, certificando que la recaudación efectiva por multas ascendió este año a 666.418 euros, frente a los 2.153.244 euros que correspondía por Ley al Consistorio por las sanciones impuestas. Un desfase abismal si se compara lo ingresado con lo previsto al arranque del ejercicio: las multas cobradas sólo cubren un 12% de lo estimado en los presupuestos por este concepto, con lo que el Ayuntamiento ha dejado de percibir en un año 4,7 millones de euros, un montante que daría, por ejemplo, para hacer tres promociones de VPO como la que se entregó recientemente en Marismas del Polvorín.

Sigue in crescendo la dinámica de inflar la previsión de ingresos municipales (con sus consecuentes perjuicios para la inversión en la ciudad y el pago a los proveedores de bienes y servicios del Consistorio); y sigue en alza hasta el punto de que, en el proyecto presupuestario de 2008, se contempla el cobro de 10 millones de euros en concepto de 'Procedimiento Sancionador' por los beneficios de liquidación de la zona azul y las multas de tráfico, infraestructuras y medio ambiente (en este último capítulo se incluyen las sanciones derivadas de la Ordenanza para la Protección contra la Contaminación Acústica que, por ejemplo, prescribe multas de más de 600 euros a los coches-discoteca). La previsión de este año es, pues, quince veces mayor a lo que se llegó a recaudar en el último ejercicio fiscalizado.

Es por ello, con estas cifras por delante, que tanto el Consejo Económico y Social de Huelva (CES) como el Interventor municipal alertan al equipo de Gobierno, año tras año, de la falta de realismo de los borradores presupuestarios, una circunstancia que se agrava, como vemos, con el bajo índice de recaudación.

Precisamente por este déficit cobratorio que hay en la Administración local, el Gobierno del PP anunció recientemente una batería de actuaciones contra un "fallo recaudatorio" que, con carácter general, priva al Ayuntamiento cada año del ingreso de un tercio de los impuestos reconocidos.

El déficit que por lo general se da en la capital onubense en todo el plano tributario, despunta de forma especial en el caso de las multas.

El impago tributario y de multas en 2006 se saldó con el cobro de poco más de medio millón de euros en concepto de recargo de apremio. Lo intereses de demora que cobró en este periodo el Ayuntamiento ascendieron a 692.279, de los que se llegó a cobrar el 98%.

En el supuesto de las multas de tráfico, según la Ley estatal, las sanciones de multas podrán hacerse efectivas antes de que se dicte resolución del expediente sancionador, con una reducción del 30% sobre la cuantía correspondiente. Este procedimiento caduca al año de su iniciación, salvo que concurra una causa de suspensión.

Caso frecuente es el que afecta a la zona ORA (Ordenación Regulada de Aparcamientos), utilizada anualmente en la ciudad por 1,8 millones de vehículos. Los controladores que trabajan en la empresa adjudicataria Dornier corroboran que las 3.450 plazas de estacionamiento de las zonas azul y naranja estén ocupadas por vehículos que dispongan en lugar visible del correspondiente ticket y que el mismo no haya caducado.

Cuando se da uno de estos dos supuestos el controlador confecciona una denuncia por la infracción cometida, la misma que podrá ser anulada en el expendedor de ticket por el conductor del vehículo denunciado, en el plazo de dos horas si carecía del mismo, o de tres horas si había caducado.

En el supuesto de que el coche no se retire, el controlador pasa nota al inspector de zona, el cual ratifica las gestiones del controlador y, si procede, da aviso a su base y ésta avisa al Depósito de Vehículos para que se alerte a la Policía Local. Una vez que el cuerpo municipal confecciona la denuncia, el agente da aviso a la sala del 092, ésta requiere al Depósito de Vehículos un servicio de grúa.

Las denuncias que son impuestas por los controladores y que no son ratificadas por la policía local en la vía pública se tramitan a la Jefatura de Policía Local, donde le dan el mismo trámite, con las mismas garantías jurídicas, que el resto de las denuncias impuestas por los agentes. Los controladores denuncian por el artículo 9 de la ordenanza reguladora del estacionamiento por aparcar "en los lugares habilitados por la autoridad municipal con limitación horaria, habiendo rebasado el tiempo de estacionamiento autorizado indicado en el ticket"; infracción que tiene la consideración de leve y un importe de 50 euros; o por carecer del ticket en lugar visible con un coste de 95,15 euros, importe que puede ser abonado, decimos, en los 30 días siguientes a su notificación.