Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado la existencia de presiones y amenazas a trabajadores en empresas de la provincia onubense para evitar que secunden la huelga general de mañana. Unas 890 empresas podrían estar implicadas en las supuestas coacciones que han sido declaradas de forma anónima por los trabajadores a sus representantes. Éstos apuntan también directamente a la Federación Onubense de Empresarios (FOE) "que es quien está promoviendo entre sus asociados realizar esta acción", denuncian.

Por su parte, la patronal aseguró ayer a través de un comunicado que "los empresarios van a respetar el derecho a la huelga de los trabajadores que decidan secundarla". Por ello la FOE solicitó a los sindicatos convocantes que "se proteja en la misma medida la libertad de aquéllos que quieran acudir esa jornada a su puesto de trabajo y la de los pequeños empresarios y autónomos que deseen abrir sus negocios".

Los responsables en Huelva de UGT y CCOO, Jorge Puente y Emilio Fernández, respectivamente, comparecieron ayer ante los medios para hablar de los detalles de la huelga que tendrá una manifestación en la capital onubense a partir de las 18:00 desde la avenida de Andalucía. No estará allí el sindicato CSI-F, que anunció ayer que no secundará la huelga general.

A través de un comunicado, la central reconoció que "existen razones para estar muy preocupados por el mantenimiento de los derechos de los trabajadores", pero consideró que "una huelga general es la última herramienta a la que recurrir una vez fracasada totalmente cualquier otra vía".

UGT y CCOO esgrimieron la falta de disposición del Gobierno para el diálogo sobre la reforma laboral como motivo para realizar la convocatoria. En su comparecencia hicieron un llamamiento a la huelga, "a pesar del miedo que quiere meter el Gobierno a través del BOE y el que quiere imponer la FOE y sus empresas en Huelva acosando y amenazando a trabajadores con el despido si la secundan".

"Tenemos una relación de 890 empresas que están bajo sospecha de presión a sus trabajadores -afirmó Jorge Puente- como consecuencia de denuncias anónimas que nos hacen los trabajadores que no muestran su rostro ni su DNI porque están acosados". "Incluso -añadió- algunas han utilizado ya el despido objetivo como medida persuasoria para romper entre los trabajadores cualquier atisbo de secundar la huelga general".

"Desde ambas organizaciones sindicales rechazamos la actitud antidemocrática y acosadora de la FOE, que es quien está promoviendo entre sus asociados realizar esta acción", señaló Puente.

Emilio Fernández, por su parte, alertó de los "piquetes invisibles pero ampliamente agresivos" existentes en las empresas "para que no puedan secundar la huelga". "Los piquetes que hacemos los sindicatos son visibles, pero los más peligrosos son los invisibles, los que hacen los empresarios y no vemos. Cuando el empresario llama a su plantilla y le dice que como al día siguiente no vaya a trabajar, que se atenga a las consecuencias. Esos son los piquetes dañinos y violentos", explicó.

Jorge Puente, secretario general de UGT, aseguró que "el derecho al trabajo se garantiza 365 días al año y el derecho a la huelga debe garantizarse el día que se convoca la huelga general". Y criticó que la patronal utilice el derecho al trabajo "como un instrumento de acoso y persuasión, para la desmovilización de los trabajadores y la generación de una opinión pública ficticia en las conciencias colectivas de la ciudadanía".

Puente destacó los numerosos apoyos recabados en asambleas, reuniones y encuentros en toda la provincia, la mayoría de ellos con colectivos sociales. "Estamos convencidos de que el seguimiento de la huelga general va a reforzar la democracia de este país y demostrará que la sociedad española no se rinde ante la imposición de un retroceso en los derechos".

"Hemos detectado una fuerte receptividad por parte de los trabajadores -apuntó Emilio Fernández- conscientes de la gravedad de la situación y de la reforma laboral". E informó de que está "garantizado prácticamente" el paro, salvo servicios mínimos, en los transportes urbano, interurbano y ferrocarril, además del "Polo Químico, las lonjas, el mercado y el servicio de recogida de residuos urbanos".

El dirigente de CCOO advirtió que "si el Gobierno no reacciona y persevera en sus políticas agresivas y ajustes duros, lo único seguro para este país es un periodo de fuerte conflictividad social porque no estamos dispuestos a que nos roben nuestros derechos".