Después de nueve años, la normativa de conservación de edificios sigue prácticamente sin aplicarse: más de 10.000 inmuebles de la capital están a la espera de que se les haga un chequeo para comprobar su estado de conservación y actuar en consecuencia, a pesar de que la ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) obliga a que todos los inmuebles de más de diez años de antigüedad tengan entregado un informe su estado de conservación en la Gerencia de Urbanismo. Eso se traduce en que alrededor del 70% de las edificaciones (según los últimos datos del censo de edificios) está al margen de la normativa vigente, con el consiguiente riesgo que eso conlleva.

En esos 10.000 edificios, su titular público o comunidad de propietarios tiene la obligación de solicitar la inspección y, en su caso, sufragar las obras de rehabilitación, instalación de ascensores o lo que indiquen los informes periciales. Desde la entrada en vigor de la ordenanza, a pesar de que el Consistorio estipuló un calendario de actuaciones, los avances representan un porcentaje residual (cuatro años después de que entrara en vigor la normativa, tan sólo se habían acogido a la ordenanza una veintena de edificios) , con lo que la ITE sigue siendo una asignatura pendiente.

El problema reside fundamentalmente en las barriadas que se levantaron en los años 70, donde han dado la cara algunos problemas en estructuras de edificios, con fisuras y humedades.

La aplicación de la normativa tendría dos efectos directos y prácticamente inmediatos. El primero, garantizar la seguridad de los inmuebles y proteger el parque inmobiliario. Y, el segundo, movilizar recursos para la reactivación del sector de la construcción, ejecutándose las rehabilitaciones que indiquen los informes de arquitectos y aparejadores. Algo que "hoy por hoy sería muy aconsejable", según el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (AECO), Javier Mateo.

La ITE se puso en marcha a con el objetivo de garantizar el cumplimiento por parte de los propietarios de su deber de mantener los edificios en unas condiciones aceptables, alargando su vida útil y garantizando la seguridad tanto de sus inquilinos como del resto de los vecinos y viandantes. Para ello, se establece la obligación de certificar periódicamente que el edificio se encuentra en buen estado, al igual que ocurre con la inspección técnica para los vehículos a motor (ITV).

Para obtener el certificado de la ITE, el propietario del inmueble tiene que contratar al personal especialista (técnico, arquitecto y aparejador), para que elaboren un informe sobre el edificio. En él se revisará el estado general de la estructura, así como el de las fachadas y de los elementos que podrían ser peligrosos, cubiertas o las instalaciones. Ese informe será el que certifique el buen estado del edificio o, por contra, establezca las actuaciones que es necesario desarrollar para corregir las deficiencias que presente.

El seguimiento en Huelva ha sido prácticamente nulo desde el inicio algo que no había ocurrido hasta ahora en el conjunto de Andalucía, donde el grado de cumplimiento superaba el 50%. Pero en el último año, la tendencia se ha invertido. Según lo datos del Observatorio de la ITE, en 2010 sólo se tramitó el 11% de las inspecciones que se debían presentar. Aunque, eso sí, la mayor parte fueron favorables. Las mismas fuentes apuntan a que el 70% fue positiva, frente al 12% desfavorable y el 18% que presentó algún tipo de error o dato contradictorio. La mayor arte de las irregularidades estuvo relacionada con defectos en la fachada, en el interior de los edificios, en la cubierta o las azoteas (no en la estructura, cimentación o conducciones).