Huelva vuelve a situarse en el mapa del futuro almacenamiento de dióxido de carbono, una de las tecnologías planteadas para reducir las emisiones de CO₂ a la atmósfera dentro de la lucha contra el cambio climático. Hace algunos años, el Gobierno anunció la reserva de once emplazamientos en todo el país para el futuro enterramiento de gases de efecto invernadero; ya entonces, aparecía Huelva en el listado. Y ahora es Cepsa la que ha solicitado un permiso de investigación para estudiar las posibilidades de almacenar CO₂ en el subsuelo onubense, bajo el Condado y parte del litoral.

La captura y almacenamiento geológico de carbono es considerada una tecnología de transición que contribuirá a mitigar el cambio climático. Consiste en captar el dióxido de carbono emitido por las instalaciones industriales, transportarlo a un emplazamiento de almacenamiento y, finalmente, inyectarlo y confinarlo en una formación geológica subterránea adecuada, con vistas a su confinamiento permanente. Para ello, el Gobierno regula mediante ley esta actividad y la concesión de permisos de investigación como el pedido por Cepsa.

La compañía energética solicitó en abril al Ministerio de Industria la autorización para el almacenamiento de CO₂ denominado Rábida, situado en tierra en la provincia de Huelva y parcialmente frente al litoral de la provincia. La superficie incluida en el permiso abarca un amplio terreno en el Condado-Campiña, pero según fuentes de la empresa existe el compromiso de que, en el caso de que sea posible desarrollar el almacenamiento, se evitarían los espacios naturales protegidos.

La Dirección General de Política Energética y Minas ha publicado la solicitud de permiso para que en el plazo de dos meses puedan presentarse propuestas de mejora por parte del solicitante, ofertas en competencia por parte de terceros o puedan formular oposición quienes se consideren perjudicados en su derecho. Antes de resolver (por orden ministerial), el permiso deberá contar con el informe favorable del Ministerio de Medio Ambiente y habrá un informe previo de la Junta de Andalucía.

A partir de ahí se abre un periodo de estudio que suele ser largo y tras el cual se tomará una decisión sobre el almacenamiento, que requiere una concesión con una duración máxima de 30 años. La captura y almacenamiento de CO₂ se enmarca en el objetivo final de lograr en 2020 una reducción del 20% en las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. Y, según los estudios efectuados para evaluar el impacto de la directiva europea sobre almacenamiento de CO₂, aplicar esta tecnología podría llegar a evitar en 2030 emisiones que representan aproximadamente el 15% de las reducciones exigidas en el ámbito de la UE para las próximas décadas.

Este objetivo marcará un endurecimiento de las condiciones para los focos emisores sujetos al comercio de derechos de emisión; si hasta ahora las empresas incluidas en este régimen tenían un buen número de toneladas en derechos gratuitos, en el próximo periodo 2012-2020 el coste de la emisión de dióxido de carbono se elevará notablemente, al tener que pagar por la mayor parte de las toneladas emitidas. De ahí que las grandes compañías estén buscando alternativas para reducir las emisiones, entre ellas, esta fórmula apoyada por la UE, aunque también con la aplicación de estas tecnologías; en el caso de la refinería La Rábida de Cepsa, la casi duplicación de la capacidad de refino ha venido acompañada de técnicas para la reducción de emisiones.