La Fiscalía Anticorrupción instó ayer a la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, a dar un nuevo impulso final a esta instrucción de la que está a punto de cumplirse cinco años. El Ministerio Público presentó un escrito en el juzgado en el que planteó una auténtica batería de nuevas diligencias y actuaciones que, a su juicio, debe poner en marcha de forma urgente la instructora.

Para empezar, los fiscales delegados de Anticorrupción solicitan a Alaya que eleve una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre los ex consejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila, y Manuel Recio, después de que el Tribunal Supremo sólo asumiera la competencia para investigar a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de los diputados Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, y de la senadora Mar Moreno.

En el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el fiscal recuerda que, según la decisión del Tribunal Supremo, la causa debe dividirse en distintas piezas separadas, y en concreto considera que la pieza relativa a las ayudas a la Sierra Norte, las que implican a los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, "deberá seguir siendo objeto de instrucción en el juzgado" de Alaya, aunque debe remitirse testimonio de la misma al Tribunal Supremo conforme al contenido de la exposición razonada en relación con el ex consejero de Empleo de la Junta José Antonio Viera Chacón. Ese testimonio, prosigue el escrito, "podrá actualizarse con el resultado material de las diligencias que se sigan practicando en esta sede judicial".

La Fiscalía Anticorrupción solicita a la instructora que con carácter previo a remitir las actuaciones a la Sala del Tribunal Supremo de lo que tenga relación con las personas aforadas se proceda a la formación de piezas separadas para la instrucción y enjuiciamiento de la presente causa. La Fiscalía entiende que la pieza relativa al denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas y por el que han sido imputados las personas aforadas "deberá seguir siendo objeto de instrucción en el juzgado" de Alaya, debiéndose remitir testimonio de la misma tanto al Tribunal Supremo como al TSJA.

Las piezas que se formen para la instrucción y enjuiciamiento de las singulares ejecuciones en que se tradujo materialmente el procedimiento específico -en alusión a las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas- son competencia para su investigación, según la Fiscalía, del mismo juzgado de instrucción número 6. En este punto, Anticorrupción detalla que al menos nueve de las ayudas investigadas -Aglomerados Morell, Surcolor, Saldauto, Matadero de Fuenteobejuna, Río Grande, Acyco, Calderinox, Hotel Cervantes, y Mercasevilla- se encuentren en un estado tan avanzado de investigación que "sería posible abrir la fase de enjuiciamiento en el año 2015".

No obstante, el Ministerio Público subraya que la "carga de trabajo del juzgado y lo ingente de la tarea hace inoperante la división de la causa en piezas si no se produce de forma inmediata la necesaria provisión de jueces de apoyo, dotados de recursos humanos y materiales, que permitiese avanzar simultáneamente en la instrucción de las piezas que se formen".

Junto a esta petición, la Fiscalía ha propuesto otras diligencias para el "avance de la instrucción", entre las que cita expresamente que se proceda a la "ratificación judicial" de los informes periciales elaborados por la Intervención General de la Administración del Estado; que sean oídos en calidad de perito-testigo los integrantes del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía; y que se proceda a la ratificación judicial de los informes periciales elaborados por la Dirección General de Seguros.

La Fiscalía solicita igualmente que se oficie a la Agencia Tributaria para que informe del estado actual de la pericia y auxilios jurisdiccionales acordados por la instructora, en particular, de los informes de delito contra la Hacienda Pública; y también que sean oídos en calidad de testigos en sede judicial nueve personas que ya han prestado declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La Fiscalía entiende que estas diligencias deben practicarse a la "mayor brevedad" posible "para agilizar y evitar mayores demoras en la instrucción de la presente causa".

El fiscal ha justificado el envío de este escrito en las funciones que le atribuye su estatuto orgánico de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y de "velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes".