La presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, emplazó ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a retirar "cuanto antes" el recurso interpuesto en el Tribunal Constitucional a la Ley de Función Social de la Vivienda ante "un drama" de la "magnitud" del de los desahucios que afecta a "miles de familias". Díaz volvió a insistir en esta petición en paralelo a la sanción de 5,82 millones de euros impuesta por la Consejería de Fomento y Vivienda al Banco Popular por incumplir la función social de sus viviendas, al no ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes. Fomento y Vivienda también sancionó por el mismo motivo con 120.000 euros al Banco Sabadell.

El Banco Popular se apresuró ayer mismo anunciar que presentará un recurso contra la multa. Fuentes de la entidad indicaron a Europa Press que su intención "es poner a disposición de los ciudadanos las viviendas que tenemos". Las mismas fuentes señalaron que el Banco Popular "ya informó a la Junta de todas sus viviendas de protección oficial" y dejaron claro que "no ha llevado a cabo ningún lanzamiento forzoso desde el comienzo de la crisis económica". También pusieron el acento en que "al amparo del código de buenas prácticas, trata de ofrecer la mejor solución a las personas que no pueden pagar su préstamo hipotecario, ofreciendo alquiler social en el propio domicilio del cliente".

Díaz hizo hincapié, ayer desde Jaén, en que el Ejecutivo que preside impulsó esa norma ante el "drama humano" que suponen los desahucios, por lo que volvió a instar a Rajoy a que "retire el recurso que tiene puesto. No podemos dejarnos llevar sólo cuando aparece una noticia en televisión. Hay un drama humano que está afectando a miles de familias y espero que Rajoy retire cuanto antes ese recurso y permita a mi Gobierno, en estos momentos, todos los recursos que tenemos para hacer frente, mientras tiene la sensibilidad el Gobierno de hacer lo mismo", dijo la presidenta.

Sobre las sanciones, la jefa del Gobierno andaluz recalcó que "la ley está para cumplirla y los bancos tienen la obligación e cumplirla poniendo a disposición la información que solicita el Gobierno andaluz. Y a aquellos que no lo hagan, lógicamente aplicaremos la ley", zanjó Díaz.

Fomento y Vivienda informó ayer de que en el caso del Popular, el número de inmuebles sin ofrecer a los registros que ha acreditado la Consejería es 97, y en el caso del Sabadell, dos. La sanción es de 60.000 euros por vivienda, al constituir cada omisión del deber de cederla al registro una infracción muy grave de la Ley de Vivienda Protegida.

En total, se trata de 99 VPO que no han sido ofrecidas a los registros municipales, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de inmuebles de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a los mismos bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.

"Una vivienda protegida se ha construido con dinero público y debe tener siempre como destinataria una familia que la necesite y cumpla los requisitos. Las VPO no pueden servir a fines especulativos", advirtió Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda.