La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros para el ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y la misma cantidad para el ex secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Antonio Perianes Pedrero, quienes se acogieron a su derecho a no declarar tras haber sido imputados por un delito de malversación de causales públicos en el caso de los ERE fraudulentos en relación con las ayudas a Altadis.

El propio Francisco Fernández Sevilla explicó a los periodistas que su intención era prestar declaración y "aclarar" los extremos que la juez considerase oportunos, pero alegó la falta de documentación -en alusión a la ausencia del atestado de la Guardia Civil sobre Altadis, entre otros- para acogerse a su derecho a no declarar. "No tengo nada que ocultar, firmé un acuerdo base que ustedes conocen y ustedes pueden valorar", aseveró Fernández Sevilla.

Su comparecencia ante la juez Mercedes Alaya se prolongó por una media hora aproximadamente, tiempo en el que el ex responsable del sindicato le dijo a la juez que en principio quería prestar declaración. "Le he dicho a su señoría que me atengo a mi derecho a declarar y aclarar" lo que la instructora considere conveniente, destacó el ex líder de UGT-A, quien no obstante alegó que tiene "derecho a que se garanticen" sus derechos.

Francisco Fernández Sevilla ha indicado a este respecto que tiene derecho a que "se clarifiquen los hechos" que se le imputan -que la juez ha concretado en un delito de malversación de caudales públicos- y a que se aporte la documentación necesaria para ejercer su defensa. Una vez que disponga de la documentación -Fernández Sevilla no lo ha mencionado pero aún no se ha incorporado a la causa el atestado de la Guardia Civil sobre Altadis-, estudiará con su abogado si pide prestar declaración ante la instructora.

Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción le reclamó una medida cautelar real, consistente en una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros -de la que ha pedido que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de UGT a nivel estatal y autonómico-, mientras que la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía no ha solicitado ninguna medida.

Tras la comparecencia de Fernández Sevilla, la juez llamó a declarar al sindicalista de CCOO Antonio Perianes, quien también se acogió a su derecho a no declarar y el fiscal solicitó para él la misma fianza de 296.000 euros, con responsabilidad civil subsidiaria de la Federación Agroalimentaria de este sindicato. Otros dos imputados que estaban citados ayer a declarar, el ex secretario general de Empleo Rafael Herrera Gil y la ex gerente de Promi Cristina Ruiz Castillo, no comparecieron.

En un auto dictado a principios de julio pasado, pero que a Francisco Fernández le fue notificado a las 11:00 de ayer, la juez imputó en la causa al ex secretario general de UGT-A, así como a otros destacados dirigentes de los sindicatos UGT y CCOO y al director de recursos humanos de la tabaquera Altadis, en relación con el ERE de esta empresa por el que la Junta abonó más de 22 millones para financiar en 2005 la prejubilación de 173 trabajadores.

Alaya sostuvo en ese auto, del 27 de junio, que el acuerdo que firmaron los sindicalistas con esta compañía suponía un auténtico "cheque en blanco" de los fondos públicos, que serían utilizados "discrecionalmente y sin control". Además de Fernández Sevilla, la juez imputó a Blanca Uruñuela, también de UGT y que en su día fue miembro de la ejecutiva federal; al que fuera secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Antonio Perianes; a Francisco Figueroa Alcarazo, secretario de acción sindical de la unión provincial de CCOO de Sevilla; y a José Luis Relea, director de Recursos Humanos de Altadis.