El último borrador de reforma local, el octavo, introduce algunas novedades que traducen la voluntad del legislador. Ya desde la exposición de motivos, en su primer renglón, lanza un aviso al PSOE: es la reforma del artículo 135 de la Constitución Española la que recoge, en su nueva redacción dada en 2011, el principio de la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de las administraciones públicas. El PP le dice así claramente al PSOE: no apoyarás esta reforma, pero mira lo que firmaste. Luego le recuerda que los antecedentes inmediatos de esta reestructuración del sector público local se encuentran en un acuerdo de abril de 2010, cuando gobernaba Rodríguez Zapatero, "y que ya recogía la aprobación de planes de racionalización para reducir el gasto público".

Ha sido en este último borrador cuando las posibilidades de consenso con el PSOE se evaporaron, y por esta razón el PP, libre ya de la intención de buscar acuerdos, presenta su proyecto más duro, desde el punto de vista político y jurídico. Pero también contradictorio, porque en otro de sus artículos apela a la voluntad de consensuar esta reforma con ayuntamientos y comunidades autónomas, algo de lo que, por el momento, no hay indicios.

No obstante, existe también una interpretación de que este borrador es un globo sonda del Gobierno a los alcaldes de su partido, que por ahora no se han saltado la disciplina, al menos públicamente. En Andalucía el impacto es menor (dentro del grandísimo calado de esta reforma) al que tiene en otras comunidades con mayor número de municipios diseminados, por ejemplo, Aragón, Castilla y León o Galicia. Andalucía tiene un 18% de la población, pero sólo un 9% de los municipios del total.

Es también la primera vez que el Gobierno introduce en los borradores de reforma local el deseo de que esta iniciativa "favorezca la iniciativa económica privada".

Es precisamente ésta la principal crítica que le lanzan los partidos de izquierda. Si los municipios tienen que deshacerse de sus servicios, los asumirán las diputaciones y éstas, al no poder hacer frente por sus limitados recursos, externalizarán esas funciones, pronostican.

La otra crítica es el excesivo intervencionismo que se reserva el Estado. La Junta de Andalucía estudia un recurso al Tribunal Constitucional por esta invasión de competencias, no sólo hacia lo local, sino también a lo autonómico.

Las comunidades tendrán que hacerse cargo de servicios en materia educativa y sanitaria, pero también en servicios sociales, por ejemplo. La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, que dirige Diego Valderas, recibió este último borrador el miércoles y estudia con detalle el texto con la seguridad de que supone un ataque frontal al Estatuto de Autonomía, uno de los más avanzados en materia local junto al de Cataluña. Teme el impacto que una modificación normativa en la que entran la Administración general, la autonómica y la local se haga por urgencias coyunturales, y no estructurales. De hecho, el gran problema reciente de los ayuntamientos, que es la financiación, brilla por su ausencia en la reforma, salvo en que el modelo resultante originará un ahorro de 7.000 millones de euros.

También entra como novedad la definición de la intervención (antes era supresión o fusión) de los municipios con población inferior a 5.000 habitantes. Serán intervenidos cuando se disuelva el órgano de gobierno, se supere el nivel de deuda de lo permitido sin presentar un plan o, en general, que no sea sostenible financieramente. Aquí entrará la Diputación y dejará de estar intervenido cuando cumpla el objetivo.

Otra novedad es que la supresión de un tercio de los concejales se cambia por una reducción de sus sueldos, aunque muchos de ellos nunca han cobrado.