La Comisión Europea (CE) ha instado a España a acabar con el vertido incontrolado de residuos industriales en el estuario de Huelva, al considerar que en esta zona se incumple la normativa comunitaria sobre protección del medio ambiente, en un comunicado. La Comisión solicita a España, en concreto, que deje de permitir el almacenamiento de residuos industriales en las marismas del río Tinto, ya que esto supone "una infracción de las leyes comunitarias en materia de residuos, de prevención y control de la contaminación y del vertido de residuos".

Bruselas recuerda que en los últimos 40 años se han depositado en el estuario onubense "alrededor de 120 millones de toneladas de fosfoyesos, residuo de una fábrica de fertilizantes situada en esa zona". La CE enviará "en breve" un dictamen motivado a España, lo que corresponde al último paso del procedimiento de infracción iniciado por el Ejecutivo comunitario. En este apercibimiento por escrito, se explica claramente la infracción cometida y se insta al Estado miembro a cumplir las disposiciones vigentes en un plazo de dos meses, señala la Comisión. Si el Gobierno sigue sin cumplir lo indicado al término de ese plazo, la CE podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha afirmado que la naturaleza "no es un basurero", y ha instado a España "a poner orden rápidamente" respecto al vertido de residuos sin planes de eliminación. Los países de la UE están obligados a expedir permisos para prevenir y controlar la contaminación desde vertederos, pero España no lo había hecho cuando expiró el plazo -el 30 de octubre de 2007-, por lo que la CE ya contactó a las autoridades españolas en mayo del año pasado. España afirma que el fosfoyeso es un subproducto industrial, y no un residuo, con lo que no aparece contemplado en los permisos que recibió en 2008 la fábrica de fertilizantes, que puede seguir depositándolo en vertederos próximos a zonas pobladas sin cumplir las normas comunitarias.

A juicio de la Comisión, al no considerar el yeso fosforado un residuo industrial ni aplicar a estas actividades los requisitos del Derecho de la UE en materia de residuos, "las autoridades españolas siguen infringiendo varias leyes ambientales de la UE". La CE entiende que dado que la fábrica se deshace de esa sustancia, tiene que considerarse residuo, y debe disponerse de un permiso para garantizar que se gestiona correctamente.