Las elecciones generales del domingo no fueron una excepción. Una vez conocidos los resultados en las urnas, los partidos minoritarios volvieron a elevar sus quejas ante una ley electoral que consideran que les perjudica en beneficio de PP y PSOE y de las formaciones autonómicas.

UPyD e IU son los grandes desfavorecidos por el sistema electoral basado en la llamada ley D'Hondt, fórmula matemática que atribuye los escaños en proporción a los votos conseguidos por las candidaturas de las 52 circunscripciones electorales en las que está dividido el país.

Cada uno de los cinco escaños del partido de Rosa Díez costaron 228.048 votos. A la formación de Cayo Lara cada uno de sus 11 parlamentarios, 152.800. Ambos vienen reclamando desde hace tiempo un cambio en la ley que garantice la proporcionalidad en el reparto de escaños y la igualdad en el valor de todos los votos.

Pese a la alegría por su gran escalada electoral, Díez clamó contra el "injusto" sistema electoral. Por su parte, Lara aseguró que "nos están robando 14 escaños".

Muy distintos son los casos de Amaiur y de Geroa Bai. A la coalición abertzale, cada uno de sus siete diputados llegó por el respaldo de 47.661 votantes, mientras que en la antigua Nafarroa Bai le salió aún más barato: repetirán asiento en el Congreso con el apoyo de 42.411 electores.

Los grandes también salen bien parados con el sistema actual. Al PP le costó 58.229 votos cada diputado, al PSOE algo más: 63.398.

Si el Parlamento entrante se creara a partir de un sistema sin circunscripciones electorales, el PP no habría obtenido la mayoría absoluta (se habría quedado con 160 escaños, 26 menos de los alcanzados). Por su parte, el Partido Socialista habría tocado aún más su suelo electoral quedándose con 103 parlamentarios, siete menos que los logrados en las urnas.