Concretamente, se ha pasado de 12.257 empleados públicos de las entidades locales en 2010 a 9.780. La provincia es la cuarta con más empleo destruido en este ámbito en Andalucía.

La cuantía corresponde al pago de 5.485 solicitudes de las diferentes líneas de ayudas. Nunca antes se había tramitado tantas solicitudes en un plazo medio de dos meses.

El plazo de admisión de empresas estará abierto hasta el próximo 25 de marzo.

Un informe señala que las vinculaciones laborales en el sector suscritas a lo largo de 2020 fueron 1.637.

El gasto en prestaciones por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo es de 131,9 millones de euros desde abril.

Una de las líneas de subvención está enfocada a la creación de 25 contratos y la otra a iniciativas de entidades que fomentan la empleabilidad apostando por la formación.

La empresa valorará la experiencia y méritos como la formación, idiomas y competencias digitales. Las personas que ya están inscritas en las bolsas de empleo actuales deben volver a inscribirse.

El proyecto está dotado con 145.000 euros y está dirigido a mejorar las competencias personales y profesionales.

El coste de la obra es de 587.000 euros y será la más grande de las cinco oficinas que tiene la capital.

Más de 500 familias de la provincia se dedican a esta actividad, que ha sido duramente golpeada por la suspensión de ferias y festejos.