La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, subraya la necesidad de  una investigación en profundidad sobre el nuevo sistema de financiación de RTVE, con la supresión publicitaria en TVE, para disponer de “más datos”. A su vez, la vicepresidenta, Elena Salgado,  expresaba su “optimismo”, lo que fue replicado por Kroes con un elogio algo envenenado: “Me encantan los españoles porque siempre son muy optimistas y dicen enseguida que no hay problema”. La comisaria no muestra en principio obstáculos a la propuesta gubernamental y apuntó que está a la espera de datos para resolver con un dictamen . Las autoridades de la Comisión Europea  quieren analizar especialmente los aspectos fiscales del nuevo sistema financiación, como los ingresos que han de hacer las cadenas privadas (el 3% anual de las que emiten en abierto y el 1,5% de las de pago) y, lo más gravoso, el 0,9% de los operadores de telecomunicaciones (telefonía e internet). Para sufragar los 1.200 millones de presupuesto, TVE recibiría  el 80% de la recaudación por el uso del dominio público radioeléctrico hasta 330 millones.

La institución europea se ha puesto en guardia a raíz de las quejas de las empresas de telecomunicaciones, integradas en el colectivo Redtel, que  va a personarse ante la Comisión Europea para presentar sus objeciones.  Redtel ha señalado en otras ocasiones de que la tasa que ha de abonar es ilegal. El colectivo considera que esa carga fiscal es “injusta, desproporcionada, dañina e ilegal”, lo que han transmitido a la UE, recordando que el modelo similar francés ha sido recurrido en los tribunales, intención final de Redtel.  El Ejecutivo comunitario  ha mostrado sus “dudas” sobre los impuestos y la compatibilidad de los gravámenes que han de asumir televisiones y empresas de telecomunicación.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega respondía ayer por la tarde que el nuevo modelo “se atiene a la normativa” de la UE, ateniéndose a la resolución dictada por la Comisión el pasado mes de julio sobre la normativa de ayudas a servicios públicos de radiodifusión. De la Vega contempla la investigación desde un prisma positivo, ya que entiende que así se despejaría cualquier tipo de duda.

El proyecto de Ley general de la Comunicación Audiovisual, que incluye el modelo de RTVA, superaba ayer su primer trámite parlamentario tras el rechazo en el Congreso a las enmiendas presentadas por ERC, IU y PP.  La vicepresidenta Fernández de la Vega defendía el texto como una “buena ley, garantista, moderna, necesaria” y en el “espíritu de consenso” que la  ha alumbrado. En la nueva ley las empresas pueden participar de varias concesiones audiovisuales, que a su vez se pueden ceder o subarrendar, mientras no se controle más de dos múltiplex en la TDT -ocho canales.  La legislación regula la televisión de pago y la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que no se solaparía a los consejos audiovisuales autonómicas.

La oposición reprochaba ayer que el CEMA es un instrumento del Gobierno para controlar los medios de comunicación y que temen que invada las competencias del resto de  consejos .