Considera que la instrucción no está prácticamente concluida, como sostiene la juez, sino que hay que investigar "si existen otras personas del Ayuntamiento o la Junta" que pudieran ser responsables de la falta de control.

Adopta la decisión tras la petición de libertad de la Fiscalía y considera que la investigación está "prácticamente terminada". De ahí concluye que el riesgo alterar pruebas es "prácticamente inexistente" y ha disminuido el riesgo de fuga, también tras la declaración del estado de alarma.

El gerente del laboratorio Microal ratifica ante la juez su informe.

La defensa cuestionaba la imparcialidad del perito porque había sido designado por la Junta, que ejerce la acusación particular en la macrocausa.

En cuanto a la presencia de la bacteria en la sede de la empresa, constata la posible "contaminación cruzada", "falta de higiene" y que sirviera de "hábitat para un crecimiento de las colonias de listeria". Estos niveles de contaminación son suficientes para provocar los daños a los afectados, según el perito.

La juez encarga un macroinforme pericial sobre el mayor brote de listeriosis detectado en España que servirá incluso para determinar si el Ayuntamiento y la Junta son responsables.

De los diez investigados, sólo se impone dicha medida a cuatro: el propietario, su hijo Sandro, su mujer y su cuñada. Da un plazo de un día para aportar dicha cantidad o se procederá al "inmediato embargo" de sus bienes, ya que considera que existe "peligro" de que no se satisfagan las responsabilidades civiles derivadas del contagio.

Una testigo declara a la juez que el plan de autocontrol implantado en la empresa era “correcto” y no le informaron del positivo.

La responsable de Biocontrol asegura que no fue informada del positivo en febrero. Señala que no sabe por qué se produjo el brote, ya que pudieron influir diversos motivos.

La magistrada precisa que "a lo largo de la instrucción se determinará si el Ayuntamiento es responsable civil, subsidiario o no".