La pandemia ha tenido un impacto "desolador" en la sociedad española, con 11 millones de personas en exclusión social y, de ellas, seis millones ya en situación de pobreza extrema. Son dos millones más que en 2018 y supone la cifra más elevada registrada en el país desde 2007.

Es la radiografía que Cáritas y la Fundación Foessa han mostrado este miércoles en el informe Sociedad expulsada y derecho a ingresos, que alerta del "ensanchamiento del espacio de la exclusión social, donde viven ahora 2,5 millones de personas nuevas respecto del año 2018", de ellas casi 2 millones en exclusión grave.

"Necesitamos hacer una llamada de atención a la sociedad de que la crisis nos deja un impacto desolador y muy preocupante; esta crisis deja tras de sí una profunda huella con importantes consecuencias en las condiciones de vida y niveles de integración social de personas y familias, cuyas consecuencias seguirán agravándose mientras continúe la pandemia y, previsiblemente, más allá", ha alertado el técnico del equipo de estudios Thomas Ubrich.

Según el informe, se aprecia un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población: han aumentado las familias en situación de pobreza pero también se han reducido los hogares sin problemas de exclusión, que son el 41,2% cuando en 2018 eran el 49,3%.

"Se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social. Una fuga imparable hacia una sociedad más desigual, donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos", ha aseverado.

En la presentación del informe, la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiró, ha reclamado fortalecer el ingreso mínimo vital, que sólo está cobrando o se ha concedido al 18,6% de los solicitantes en pobreza severa, mientras que para casi la mitad le ha sido denegado.

"Este ingreso puede estar ayudando en niveles tan básicos como poder comer durante todo el mes o dormir más abrigados", ha destacado Peiró, quien ha subrayado la importancia de que exista una garantía de acceso a la vivienda y a sus suministros.

"La pandemia ha golpeado con más fuerza a los que ya eran los perdedores", señala el estudio, que advierte de que el grupo que más ha crecido es el de la población que vive una situación de mayor desventaja, los que se ubican en la exclusión grave.

Tener menores de edad a cargo sigue siendo una carga cuando no hay apoyos. Las dificultades que entraña la crianza y la debilidad de los apoyos públicos a sus familias incrementan el riesgo de exclusión social en estos hogares: el 27% de parejas con hijos frente al 18% de parejas sin hijos.

Una incidencia mucho más acusada en el caso de que se trate de una familia numerosa (47%) o de un hogar monoparental (49%), especialmente cuando la persona sustentadora principal es una mujer, señala.

"La pandemia ha intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante y ha cronificado una obvia posición de desventaja, el 38% este grupo está el espacio de la exclusión y se eleva al 65% en exclusión grave", ha indicado Ubrich.

Uno de cada cuatro hogares atraviesa graves dificultades en la dimensión del empleo y tiene ingresos bajos e insuficientes para el acceso y mantenimiento de una vivienda y los suministros domésticos. Son los "trabajadores pobres".

El empleo no asegura la integración social, señala Cáritas. Destaca que se ha duplicado el número de hogares con todas las personas activas desempleadas (pasando de 5,9 a 10,3%) y de hogares cuya persona sustentadora principal está activa, en inestabilidad laboral grave (del 4,8 al 10,3%). "Pero no se trata sólo de contar o no con un empleo, sino de la calidad de éste", ha advertido el técnico de Foessa.