El Gobierno aprobará una norma por la que se establecerá un "marco básico" que garantice la "equidad" y "calidad" en la interrupción voluntaria del embarazo, así como el "respeto a la intimidad y confidencialidad" de las mujeres que decidan abortar.

Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien informó de que, con este mismo fin, el Ministerio de Justicia ha pedido a la Agencia de Protección de Datos que emita un dictamen en el que se fijen los límites en el ejercicio de inspección de las administraciones públicas.

"El Gobierno no va a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo", sentenció, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De la Vega aventuró que habrá "ocasión de mejorar" la Ley del Aborto si, tras el "amplio debate social" que este tema ha suscitado, se llega "a la conclusión de que así hay que hacerlo".

Mientras tanto, apostilló, "es nuestra obligación como Gobierno seguir garantizando los derechos de todos y de todas" y advirtió de que "las mujeres no deben dudar" de que así se hará, enfatizó, "hasta el último día de nuestro mandato".

Tras el debate generado por la investigación judicial abierta sobre varias clínicas por haber llevado a cabo, supuestamente, abortos ilegales, los ministros de Sanidad y Justicia presentaron sendos informes sobre este asunto en la reunión del Ejecutivo.

Sanidad promoverá una norma común -probablemente un decreto- que regulará las garantías en las que se practican los abortos en el conjunto del Estado, no sólo para las mujeres sino también para los profesionales de las clínicas acreditadas para este fin.

La iniciativa podría sustentarse en un Real Decreto que, tras pasar por el Consejo de Estado, se aprobará, previsiblemente, antes de que concluya la legislatura.

El objetivo de la norma será promover la equidad y la calidad, de modo que el acceso a esta prestación "sea igual en todo el territorio español" y "no haya discriminaciones", ya que, confesó De la Vega, "ha habido algunas disfunciones".

También determinará las "condiciones y requisitos" de los conciertos que mantiene la Sanidad pública con las clínicas privadas que practican las interrupciones voluntarias del embarazo.

En el ámbito de la Justicia, explicó que los datos relativos a la salud de las personas son "especialmente sensibles" y, por esta razón, están protegidos por la Ley.

Este departamento se ha dirigido a la Agencia de Protección de Datos, a fin de que emita un dictamen en el que se fijen los límites del ejercicio de la inspección sobre este tipo de supuestos, en los que peligran datos privados sobre la salud de las personas.

De la Vega abundó en que en las últimas semanas se ha vivido en este país una situación que ha afectado a profesionales sanitarios y, sobre todo, a las mujeres, que "han visto peligrar derechos fundamentales como el de la intimidad o confidencialidad".

Todas estas medidas, recalcó la vicepresidenta, se promoverán en los tres supuestos que recoge la legislación actual, adoptando las iniciativas debidas, incluso jurídicas, y "respetando las competencias de las comunidades autónomas".

"Hay que garantizar determinados derechos que están en la Ley y en la Constitución", concluyó De la Vega en alusión a la confidencialidad de las historias clínicas, al tiempo que abogó por establecer "mecanismos administrativos de actuación para su guarda y custodia".