El informe Raxen 2009, elaborado por el Movimiento contra la Intolerancia, recoge 350 hechos de intolerancia, xenofobia y racismo en España durante 2008, así como un crecimiento de este tipo de incidentes en todo el país, con especial intensidad en Valencia, Madrid y Cataluña. Junto a estas tres autonomías, que aglutinaron el año pasado la mitad de los incidentes, el informe detecta la emergencia de movimientos xenófobos y racistas en otras regiones que hasta ahora no los habían registrado, como Andalucía, Baleares, Aragón, Castilla y León y Murcia.

Ante esta situación, la organización pidió extender la Fiscalía especial contra delitos de odio, creada en Cataluña, al resto de autonomías e ilegalizar actividades que promueven la discriminación y la violencia por motivos de racismo. Así como una reforma en el Código Penal.

España es uno de los pocos países europeos que no documenta oficialmente los incidentes racistas y xenófobos, asegura Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional (AI). La mayoría de los países europeos documenta oficialmente lo que ocurre en las escuelas, lugares de ocio y comisarías pero en España, sin embargo, "el racismo es invisible oficialmente", explicó Beltrán antes de su intervención en uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial.

Beltrán recordó que, por ejemplo, en los últimos informes a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), "mientras el gobierno británico hablaba de 55.000 incidentes racistas, el español informaba oficialmente de entre diez y doce".

En este momento, según el director de AI en España, se está detectando un aumento de los brotes de ataques racistas en distintos lugares del mundo, entre ellos, los que afectan a los gitanos y a los rumanos en la Europa del Este o los perpetrados en Italia "por parte del Gobierno". En su opinión, ello se debe a que "en época de crisis económica los inmigrantes son los más afectados y existe un mayor brote de racismo y xenofobia".