caso Villarejo

Anticorrupción pide 57 años de prisión para José Manuel Villarejo por el caso Iron

  • La Fiscalía acusa al ex comisario en este primer escrito de cohecho, tráfico de influencia, revelación de secreto y falsedad documental

  • También acusan a otras 13 personas, entre ellas, a su esposa y al comisario Enrique García, para los que piden 50 y 52 años respectivamente

Anticorrupción pide 57 años de prisión para José  Manuel Villarejo por el caso Iron

Anticorrupción pide 57 años de prisión para José Manuel Villarejo por el caso Iron / D.S.

La Fiscalía Anticorrupción ha formulado su primera petición de condena para el excomisario José Villarejo, para el que reclama 57 años de cárcel por el encargo que hizo para el bufete de abogados Herrero & Asociados, proyecto conocido como Iron, y que consistió en espiar a un despacho rival, Balder Ip Law.

En esta pieza, la número 2 del caso Tándem, los fiscales acusan por cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, además de a Villarejo, a otras 13 personas, entre ellas su esposa, Gema Alcalá, para la que piden 50 años de cárcel, y el comisario Enrique García Castaño -exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía-, que se enfrenta a 52 años de prisión.

Según el auto de procesamiento, que el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, dictó el 7 de mayo y del que este miércoles informa El Mundo, los hechos parten de las sospechas de Herrero y Asociados de que antiguos empleados estuvieran dando información a sus rivales para sustraerles clientes, como consecuencia de que el bufete Balder se constituyese "en el mismo edificio".

Los responsables de Herrero, que se encuentran también entre los procesados, se pusieron, dice el juez, en contacto con Villarejo y su socio Rafael Redondo para "descubrir mediante los servicios de detectives privados, elementos de una posible competencia desleal y de potenciales ataques en seguridad informática", según el diario.

Según el magistrado, los indicios han permitido "corroborar" que el encargo "iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives" y se ha constado que ofertaron "la obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado -tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social" vinculados a Balder.

El contrato, dice el magistrado, se acordó "a sabiendas" de la condición de comisario en activo de Villarejo, quien, "a través de su entramado societario Grupo Cenyt, y prevaliéndose de dicha condición policial" se encargaría de resolver "la situación de crisis empresarial".

El precio del proyecto se fijó en 325.000 euros, más otros 300.000 euros como prima de éxito, según explica el juez, que detalla que de esas cantidades, Herrero abonó 302.500 euros entre agosto y septiembre de 2013 "de forma opaca", a través de facturas "bajo la apariencia de unos servicios ficticios".

Para la obtención de los datos confidenciales, Villarejo abonó dádivas a funcionarios públicos, "que ya vendrían repercutidas en el precio del servicio pactado", precisa el auto.

Entre esos funcionarios figura García Castaño; el inspector jefe Constancio Riaño, el subinspector Javier Fernández Pérez, el funcionario de Hacienda Antonio Chaparro, "y otros colaboradores" en la Tesorería General de la Seguridad Social y en entidades financieras "no suficientemente identificados".

La información fue utilizada contra los principales socios de Balder en una denuncia interpuesta en enero de 2014 ante la Brigada de Seguridad Informática de la Unidad Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, "sobre cuyos máximos responsables", Villarejo hizo ver a Herrero que "tendría capacidad de influencia para que actuaran conforme a sus intereses".

"Aun cuando no fueron detenidos y fue rechazada la entrada y registro solicitada por los denunciantes", sí se les llamó a declarar "con la condición formal de investigados", indica el magistrado.

"En el desarrollo de dichos servicios de inteligencia, de análisis de información, de asesoramiento y de intoxicación informativa" que, dice el juez, fue el "proyecto Iron", participaron "activamente" otros miembros del Grupo Cenyt "integrantes de la organización criminal" que dirigía Villarejo: su esposa, Redondo, el inspector Bonilla y el abogado David Macías.

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