Dos peritos de la defensa cifraron ayer en 753.288 euros la deuda que el Recreativo de Huelva tiene a día de hoy con su expresidente, Pablo Comas, del que indicaron que entre 2013 y 2015 "pagó 2.200.000 euros a favor del club". Los expertos indicaron al tribunal que el tráfico entre empresas de un mismo titular es algo "habitual y completamente legal", y que la operación del préstamo en que se pignoró un millón de euros del Decano le "generó 36.000 euros de beneficios en intereses a plazo fijo".

Cuando la Fiscalía les preguntó que si no fue perjudicial para el Real Club Recreativo de Huelva no tener liquidez cuando la Agencia Tributaria le reclamó el pago (en marzo de 2014), lo que acabó con la rescisión del acuerdo de aplazamiento de la deuda con el fisco y la reclamación de todo lo que se le debía, expresaron que "cualquier impago de Comas también hubiera producido el mismo efecto, por lo que no se puede hacer esa relación; cuando se toman decisiones empresariales no se sabe qué pasará después".

Los peritos indicaron que al proyecto de la ciudad deportiva se hace referencia "en la escritura de compraventa de acciones de Gildoy, concretamente en su sobre B, y que se aceptó íntegramente por el Ayuntamiento" de Huelva. Según los expertos de parte, las empresas de Comas habían generado entonces un beneficio real de 929.000 euros al Decano, por lo que los 483.000 euros que Pablo Comas asegura que gastó en el preproyecto de la ciudad deportiva se compensó con esta cantidad, quedando una deuda recreativista con Gildoy España de 437.000 euros.

De la tienda del Recre en Méndez Núñez dijeron que "queda acreditado que hubo actividad comercial y que generó 70.000 euros en ingresos por venta de merchandising" antes de que Hacienda la confiscara. También ven positivo el acuerdo con el Villarreal, "con un saldo positivo para el club", ya que la entidad amarilla cedió gratuitamente a la onubense a un jugador con un valor de mercado de 700.000 euros, Joselu, y obtuvo 400.000 euros por la transferencia de otro, Toño, al Levante.

Por su parte, el auditor Antonio Márquez, encargado de fiscalizar las cuentas de la entidad albiazul durante los mandatos en los que se produjeron los hechos que se juzgan, se remitió a lo declarado en la instrucción, donde afirmaba que "la gestión de este (por Comas) lo empeoró hasta llegar a asfixiar al club". Además, certificó que "nunca vi ningún documento que acreditara que los 483.000 euros que no aparecían en las cuentas de 2012/13 fueran para una ciudad deportiva".

El exconsejero y exsecretario de la entidad recreativista Antonio Martín declaró que no recordaba al detalle la operación del millón de euros, pero que en ningún caso la entendió como apropiación indebida de Pablo Comas. Es más, considera que en aquellos años en que fue presidente "hubo más transparencia que nunca". La mala situación económica del club "se venía arrastrando desde hacía varios años antes", por lo que considera que "fue Hacienda la que dio la puntilla al club cuando rompió el acuerdo de aplazamiento". En referencia al proyecto de la ciudad deportiva insistió en que "era público y notorio", aunque "nunca vi un papel".

El notario Carlos Toledo puso sus actas a disposición del tribunal e insistió en que el embargo de la tienda no tuvo que ver con el arrendamiento del local de su propiedad que alquiló al Decano.