Visto para sentencia el juicio que se ha seguido durante los primeros dos días de esta semana en la Audiencia Provincial de Huelva contra el expresidente del Recreativo, Pablo Comas, por delitos de apropiación indebida, corrupción en los negocios, administración desleal y falsificación de cuentas sociales.

Con los informes finales, en la recta final del plenario llegaron las exposiciones de los hechos de cada una de las partes. El Ministerio Público dibujó en su relato a un Comas "caprichoso" y maquiavélico, que "urdió un plan para hacerse con las acciones del Recreativo cuando conoció que se iban a subastar". La fiscal del caso, Juana Arcas, indicó que "ha quedado probado" que las empresas del acusado, Gildoy y Poientose, no tenían actividad, tenían su domicilio social en las viviendas que Comas tenía en Aljaraque y Madrid y se surtían, en algún caso, de empresas en quiebra técnica.

Entiende la representante del Ministerio Fiscal que todo era "humo, ingeniería financiera montada a propósito". De hecho, señaló que Víctor Hugo Mesa llegó con "solvencia aparente" y abonó gran parte de las acciones, pero su socio, Comas, "se apropió del dinero de la liquidez del Recre, y lo hizo mintiendo a su consejo de administración, al que tenía bajo engaño para obtener su consentimiento".

Mostró al acusado -como momentos antes había señalado el presidente del tribunal, José María Méndez Burguillo- como "la santísima trinidad: era presidente del Recreativo y administrador de Gildoy España y de Poientose". Así que el encausado solicitó un préstamo de 900.000 euros al banco Espírito Santo con la garantía de su sueldo, que admitió el lunes que no cobraba, y de un millón de euros de las arcas del Recreativo "para pagar la última parte de las acciones adquiridas", una suerte de círculo vicioso que ha quedado más que patente para la acusación pública, puesto que en el momento en que Comas -a través de Poientose- dejó de sufragar las cuotas del préstamo, "el Recre perdió 645.000 euros, en la situación en la que estaba".

Juana Arcas subrayó que, pese a todo, "Pablo Comas sigue teniendo las acciones, de ahí la apropiación indebida". Porque desde su prisma, el procesado sabía que la única garantía de ese préstamo era el millón de euros de la entidad deportiva. "Como segunda garantía puso su nómina, de unos 240.000 euros anuales, pero él mismo se encargó de que esa garantía no existiera, porque como él ha admitido no cobraba un salario". Así acabó "perjudicando gravemente al club".

Cuando la entidad albiazul tenía sobre la cabeza la espada de Damocles del fisco y afrontaba serios problemas de pago a jugadores, trabajadores y proveedores, "va y se le ocurre abrir una tienda oficial en la calle Méndez Núñez, pese a que había una en la calle Rábida y otra on line". Este "capricho" de Comas, prosiguió la fiscal, se tradujo en el desembolso de 19.000 euros para abonar el primer año de alquiler de los cuatro locales en los que se abrió la tienda, "vinculados de nuevo al millón de euros del Recreativo pignorado" en el banco Espírito Santo.

Pero si este establecimiento "era un capricho, qué decir de la faraónica ciudad deportiva que se había propuesto construir a pesar de que seis años antes se había inaugurado" la actual. Refiriéndose a lo que declaró el acusado el día anterior, Juana Arcas subrayó que "que los padres se quejen de que está lejos no es motivo para impulsar esa construcción faraónica en ese momento (2012); la ciudad deportiva está muy deteriorada por la falta de mantenimiento y dinero", consecuencia de la gestión de Comas, según dijo.

La representante de la Fiscalía onubense hizo referencia a lo que el auditor de las cuentas de la entidad había expuesto un par de horas antes: "En las cuentas de 2012/13 había 483.000 euros sin justificación ninguna y no enseñó documentos al auditor; al año siguiente lo compensó, pero acaba apareciendo una deuda del Recre con Gildoy".

A juicio de la acusación pública las pruebas "demuestran que Comas gastaba dinero en caprichos y cuando llegó Hacienda no había dinero para pagar, por lo que la Agencia Tributaria se hartó y se acabó el aplazamiento" de los pagos de la deuda. Esto dejó al Recreativo al borde del precipicio, en "una situación económica catastrófica que puso en riesgo la supervivencia del club".

Arcas añadió la renuncia al cobro de los 800.000 euros que le correspondían a la entidad por el traspaso de Marco Ruben del Villarreal al Dinamo de Kiev, conformándose el acusado en la negociación con solo 250.000 euros, "porque total, como no son míos, qué más me da, renuncio a 550.000 euros", escenificó la fiscal del caso.

"Si el Recre hubiera ingresado los 800.000 euros, si Comas no hubiera optado por abrir la tienda, por la nueva ciudad deportiva y no hubiera pedido el préstamo, la situación del club hoy sería otra", sentenció. Durante los quince minutos que duró su parlamento, el expresidente del Recreativo de Huelva se mostró indignado, negando constantemente con la cabeza, murmurando y dirigiendo reiteradas miradas a su abogado.

Enrique Arroyo, letrado de la acusación particular que representa al Trust de Aficionados del Recreativo, se adhirió al relato de hechos del Ministerio Público, a lo que añadió que "no hay base para acreditar que el acusado no causó perjuicio al Recre ni que este le deba dinero a él". Por ello, incidió en que el tribunal debe declarar la nulidad del contrato de compraventa de acciones "para que estas reviertan directamente en el Ayuntamiento de Huelva, su legítimo propietario". El que ejercía como "el padre, el hijo y el espíritu santo en Huelva debe ser condenado".

El abogado del Ayuntamiento, Rafael Cordero, cifró el perjuicio para la entidad deportiva por la operación del préstamo de 900.000 euros "en 885.930 euros". Sobre la ciudad deportiva evidenció que aquellos 483.000 euros que según Comas se usaron para viajar a Manchester o Liverpool para ver otros recintos "no se justifican con ninguna factura o billete de avión, como tampoco se justifica la deuda del Recre con Gildoy". En total, las consecuencias "de, como mínimo, una gestión nefasta de Comas han sido millonarias, por lo que debe resarcirse a la entidad con 1.918.930 euros".

El abogado de la defensa, Álvaro Sánchez Pego, abundó en la "gestión absolutamente impecable" que su patrocinado hizo "para salvar al club; Comas ha sido tratado como un tonto útil", concluyó desatando risas y murmullos entre el público.

Además, expresó su desacuerdo con la calificación de los delitos y arremetió de nuevo contra el Trust. "Ha interpuesto una querella ocultando documentación, es un absoluto despropósito y, con manifestaciones absolutamente falaces pretende expropiar las acciones a su legítimo propietario: es un expolio, una brutalidad legal", manifestó durante su informe final. Por ello, Sánchez Pego anunció que "vamos a pedir deducción de testimonio" (contra el Trust, se entiende), acciones legales que tienen su base en que "los hechos son distintos de como se han pintado".

Sobre el colectivo de aficionados dijo, incluso, que son "una minoría absolutamente insignificante que viene reclamando cantidades que no les corresponden". El letrado solicitó la libre absolución de Pablo Comas, que declinó la ocasión de hacer uso del turno de la última palabra.