La Junta General de Accionistas del Recreativo ha aprobado la normalización de las cuentas de la entidad, que llevaban cinco años sin presentar auditorías. Lo ha hecho en una asamblea celebrada a primera hora en el Nuevo Colombino. El resultado de la misma no arrojaba ninguna duda por el reparto accionarial del club, cuya mayoría municipal ha sido representada por el concejal Manuel Gómez Márquez, lo que no resta trascendencia al hecho de haber podido normalizar y registrar las cuentas correspondientes a las temporadas 14/15, 15/16, 16/17 y 17/18. Junto al Consistorio han estado representadas las peñas, el Trust y varios accionistas minoritarios a título personal o mediante la sindicación de acciones. Las mismas reflejan la delicada situación económica de la entidad albiazul y el impacto de los años de embargo así como el deterioro que supone la Segunda B para el club temporada tras temporada. El Recre presenta unas deudas que, a falta de la última junta que se celebrará antes de final de temporada, de unos 24,5 millones de euros de los que casi dos tercios corresponden a deudas con el Ayuntamiento como propietario principal.

Los accionistas han aprobado la reformulación de las cuentas de la 14/15 que fueron rechazadas en su día y han presentado las de la 15/16, 16/17 y 17/18. En la 14/15 las pérdidas fueron de 4,9 millones de euros, un millón más en la 15/16 y otros 2,3 en la 16/17. Las dos primeras fueron con Pablo Comas todavía en la gestión y la tercera bajo el bloqueo del embargo de Hacienda. La última de las cuentas presentadas arroja unas pérdidas de 1,2 millones en la 17/18 y el inicio de la curva de equilibrio entre ingresos y gastos tras la normalización de la gestión.

Con todos estos datos, la deuda del Decano (pendiente de actualizar con la 18/19) respondía al cierre del ejercicio 17/18 como principales partidas al Ayuntamiento (14 millones), Hacienda (4 millones), concurso (1 millones), Eurosamop (algo más de 1,3 millón con los intereses), los extrabajadores (600.000 euros), Líberos del Decano (900.000 euros), G-35 (1,3 millones), Krypteia (425.000) y el resto en diferentes partidas a proveedores y deudas ordinarias. Alrededor de 16 millones corresponden a deuda a largo plazo o no exigible en Segunda B como el G35, el propio Ayuntamiento o incluso Líberos del Decano (cuyo encaje está pendiente) mientras que otras partidas como el concurso (al que le quedan dos años) o Hacienda están fraccionadas. El acuerdo de rescisión de Eurosamop y Striker recogía un calendario de pagos anuales que finaliza en 2022. Estas cantidades son públicas pues venían recogidas en el plan de viabilidad que acompañó al de rescate de hace un año.

Los accionistas presentes han tenido además la oportunidad de conocer algunos detalles de la Auditoría Forense. Los encargados de auditar las cuentas en su informe aluden al estudio realizado sobre las cuentas de la entidad y cuya conclusión es que Pablo Comas debe al Recre 1,3 millones de euros en lugar de los 753.288 que éste reclama al club. El contenido completo de la Auditoría Forense será analizado y estudiado por los servicios jurídicos recreativistas y del Ayuntamiento como accionista mayoritario para derivar las reclamaciones judiciales que consideren.

La Junta Extraordinaria de Accionistas ha tenido además junto al carácter económico y administrativo, un calado social histórico. La anunciada modificación estatuaria de la entidad albiazul será presentada para la aprobación de los accionistas. Gracias a ella se protegerán los símbolos y elementos identitarios del club a la vez que se creará un órgano de contacto anual con la afición mediante la convocatoria de una asamblea informativa para los abonados más antiguos y los donantes de la campaña Líberos del Decano

Una vez que la Junta de Accionistas aprueba estas cuentas, la intención de los rectores recreativistas es convocar de manera inmediata y en el plazo mínimo que establece de la ley una nueva Junta que refrende las cuentas de la 18/19 y el avance de la actual 19/20, con lo que la situación registral y contable del Recreativo quedaría totalmente regulada. En ella, la previsión es arrojar unas pérdidas correspondientes a la pasada campaña de unos 600.000 euros. Las obligaciones financieras heredadas del pago anual de la deuda y la escasez de ingresos de la Segunda B hacen que el club necesite una inyección anual extra de alrededor de 1,8 millones de euros por temporada mientras esté en la categoría.