Pablo Comas recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que lo condena a tres años de prisión por un delito de administración desleal y otro de falseamiento de cuentas sociales del Decano, y que lo obliga a indemnizar al club del que fue presidente con 646.516,21 euros. Así lo garantizó ayer a Huelva Información el abogado que lo representa desde el 7 de mayo (cuando se hizo cargo del caso tras la obligada renuncia de Carlos Zabala), Álvaro Sánchez-Pego Lamelas, quien confesó a este diario que "esperábamos una sentencia absolutoria, prácticamente sin ninguna duda".

El jurista cántabro indicó a este rotativo que "nos ha sorprendido que hayan condenado por los dos delitos: el delito contable nos parece que no hay por donde cogerlo y el otro... o no lo han entendido bien o hay que volver a explicarlo, porque no puede ser que te obliguen a devolver una cantidad cuando el propio Recreativo te debe dinero", expresó refiriéndose a la supuesta deuda que el club albiazul mantiene con su expresidente.

Ayer mismo Sánchez-Pego presentó en la Audiencia onubense un escrito de aclaración para que el tribunal le comunique en qué instancia podrá presentar su oposición a la sentencia, si en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o en casación ante el Tribunal Supremo. En la resolución judicial, observa, "no se dice que es firme, pero tampoco qué recursos caben y esto es un error que merece una aclaración por parte de la Sala y es lo que hemos hecho hoy mismo". Desde su prisma, cabe "apelación antes de casación".

Aunque no desvela por el momento las vías de ataque del recurso, sí que indicó que serán "varias razones", entre las que está la legitimación del Trust de Aficionados del Recreativo como querellantes en la causa. "Creemos que no está legitimado. Los magistrados en la sentencia dicen que sí, pero me parece que se equivocan, porque aquí quien denuncia es el Trust, aunque represente a socios, pero quien está personado es el Trust y el Trust se crea en 2016, con posterioridad al momento de que se cometieran esos hechos, por lo tanto no puede uno considerarse perjudicado de un acto anterior", detalló.

De cómo su patrocinado ha encajado la condena de tres años de prisión el letrado señala que "como esperábamos una sentencia absolutoria, cualquier pena que se imponga ya nos parece excesiva".

Espera que el recurso prospere "absolutamente y no hay ningún ánimo dilatorio ni nada". Si bien hasta que la Audiencia no concrete la instancia en la que pueden presentar las alegaciones "no sabremos de qué plazos estamos hablando; si es en apelación, será el ordinario de diez días desde la notificación".

Álvaro Sánchez-Pego señaló a este diario que "lo que nos parece fuera de todo lugar son las declaraciones de la parte contraria, del letrado del Trust", Enrique Arroyo, "manifestando que ellos ya sabían que sus acusaciones eran infundadas en gran parte". A su juicio "esto es inaceptable desde el punto de vista deontológico y de lo que es la instrumentalización del Derecho Penal, nos parece que esto es lo que no puede ser, que se utilice el Derecho Penal a sabiendas de que muchos delitos de los que se imputan no son reales, ni siquiera la propia acusación estaba convencida de ello".

El abogado del expresidente del Decano entiende que "todo esto obedece, como ha dicho bien el abogado de la parte contraria, a otros móviles, a otras finalidades y que por tanto aquí hay que explicar mejor las cosas porque no se han entendido".

A ello le suma que "hay un ambiente un poco enrarecido, con esto de ser un tema tan sensible en Huelva, creo que… no sé, hay demasiada presión y espero que se vayan entendiendo mejor las cosas". Preguntado por el tipo de presión a la que se refiere, el togado manifiesta que "hay mucha sensibilidad y a los jueces hay que dejarlos trabajar tranquilos, sin tanta opinión mediatizada; me parece que es solamente coger un poco de distancia porque creo que ha habido mucha contaminación, es una sensación que tengo".