Unas medidas adecuadas, pero insuficientes. Así valoran los regantes de Huelva las dos propuestas del Gobierno central para aliviar la factura eléctrica de los regadíos con la exención del 85% del impuesto especial sobre electricidad, cuyo tipo es del 5,11% más el IVA, y la reducción de módulos del IRPF. Éstas supondrán, según sus cálculos, unos 55 millones de bonificación frente a los más de 100 que supuso la aplicación del tarifazo y frente a la subida del más del 100% "soportada" desde 2008, cuando la liberalización del mercado eléctrico español supuso la desaparición del régimen especial de tarifas para el regadío.

Los cambios y ajustes en el régimen de módulos tendrían efectos ya en 2014, mientras que la exención de impuestos se aplicaría a partir de 2015.

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, realizó el anunció el pasado 8 de octubre, aunque su aplicación corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Es más, según detalla el secretario gerente de la Comunidad de Regantes Palos de la Frontera, Fernando Sánchez, tan solo se trata de una propuesta que no es definitiva y, por tanto, habría que esperar a su ratificación o a que se le dé curso.

Los regantes no se fían y muestran sus reticencias porque el Gobierno ya ha anunciado en otras ocasiones medidas de este tipo -en concreto, el de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la reducción del IVA, que nunca se llegó a aplicar-. Sánchez sostiene que será necesario esperar al texto definitivo, pero las propuestas están lejos de lo que demanda el sector. Son unas medidas adecuadas, pero completamente insuficientes frente a la magnitud del problema.

Los regantes proponen que estas dos reformas deben ser las primeras dentro de un paquete más amplio, que incorpore otras medidas como IVA reducido, contrato flexible y adaptado al consumo y otras medidas fiscales que beneficien a todos los regantes y no solo a los agricultores que tributan por módulos, como ha puesto de manifiesto Feragua.

Asimismo, solicitan pagar únicamente por la potencia real registrada -es decir, la utilizada- y no por la teórica contratada para evitar el coste de un servicio que muchos no utilizan fuera de la época de riego y que sólo tras la reforma energética del pasado mes de agosto se ha incrementado del orden de un 115%.

Otras alternativas reivindicadas para conseguir aminorar los costes eléctricos pasan por despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien, poder firmar más de un contrato por año: uno anual, con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos, y otro de temporada, para los meses de máximo consumo (campaña de riego).

El problema que se deriva de la forma actual de contratar la tarifa es que muchas explotaciones resultan inviables porque más del 50% del coste de su explotación se tiene que emplear en pagar el coste de la energía eléctrica. Las contrataciones están impuestas por el Gobierno central y en ellas no intervienen las eléctricas. La legislación obliga a contratar la potencia para todo el año, aunque en no utilicen las instalaciones de riego.

Los regantes aseguran que el tarifazo eléctrico deja "completamente tocado" el proceso de modernización en que se encuentra inmerso el regadío en toda España y particularmente en Andalucía y Huelva.

A nivel autonómico, en los últimos años se han invertido en Andalucía más de 2.000 millones de euros, para modernizar las infraestructuras de riego, en un esfuerzo que ha sido compartido por las administraciones, que han destinado más de 1.000 millones a este objetivo, y por los propios regantes, que han contraído una deuda muy grande con los bancos para poder pagar estas inversiones.

Según los regantes se da una gran paradoja, ya que con las tarifas actuales, la modernización lejos de ser una ayuda resulta una condena, porque les permite ahorrar agua, pero les hace gastar más energía.

Los representantes de los regantes critican "el trato discriminatorio hacia el regadío que supone el tarifazo eléctrico", que representa para los regantes "una subida del 20% de media y para determinadas comunidades de más del 40, mientras que para otros sectores como la industria representa apenas un 3% o incluso una reducción de tarifa".

El PSOE considera "insignificante" la exención del 85% del impuesto especial de la electricidad para los regantes que va a introducir la reforma fiscal del Gobierno, ya que dicha tasa "sólo supone un 5% de la tarificación total". Por ello, los socialistas han presentado un proyecto de ley en la Cámara andaluza para su aprobación, de forma que pueda remitirse, tramitarse y aprobarse en las Cortes Generales como iniciativa legislativa autonómica. En el proyecto, se propone un cambio en dos normas estatales, la Ley del IVA, de forma que se pueda aplicar a los regantes un IVA reducido del 10%, y la ley del sector eléctrico, para que puedan contratar dos términos potencia: uno para la época de pico de consumo y otro para el resto del año.