La Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo del Parlamento de Andalucía trata mañana una Proposición no de Ley, presentada por Podemos, relativa a la reparación de los derechos históricos defendidos por la comisión de representantes de sociedades cooperativas e individuales del Plan Almonte-Marismas (subsectores II 13, 14 y 16) acogidas a la retirada de tierras de cultivos durante al menos 20 años. No es la primera vez que la Cámara aborda el tema.

La proposición insta al Consejo de Gobierno a que, en un plazo máximo de cuarenta días tras la aprobación de la iniciativa, constituya una comisión de trabajo formada por un representante de cada grupo político del Parlamento andaluz, uno del Consejo de Gobierno y dos del colectivo de agricultores, a fin de buscar una solución definitiva al problema que desde hace año padecen los cooperativistas.

Los cooperativistas buscan una solución a los agravios comparativos

También insta al Consejo de Gobierno a que, hasta que se logre una solución, ponga en marcha medidas para proceder de manera consensuada a la ampliación de la concesión de las tierras a las cooperativas e individuales, que termina en septiembre de 2017, así como de las ayudas compensatorias de retirada de cultivos que perciben en la actualidad.

La idea de reactivar la presentación de proposiciones no de ley surgió tras la reunión mantenida por el presidente de la comisión de representantes de los cooperativistas, Juan Gamero, con los responsables de PP, IU, Podemos y Ciudadanos, por separado, en la que acordaron llevar a la Cámara andaluza la problemática del Plan Almonte-Marismas. Gamero espera que las cuatro formaciones respalden la demanda de los agricultores tras el compromiso alcanzado.

Cooperativistas e individuales reclaman desde hace más de diez años compensaciones por los agrarios comparativos. Los agricultores que optaron por la retirada de la tierra denuncian desde hace tiempo que las condiciones pactadas inicialmente fueron modificadas en beneficio de que decidieron seguir con la actividad y en perjuicio de los que aceptaron dejar los cultivos para preservar el Espacio Natural de Doñana.

Entre las condiciones se exigía el pago de las deudas con la Administración, se prohibía la venta de las tierras a las que se accedía en el plazo de ocho de años y se exigía el acceso a la propiedad de forma inmediata tras el acuerdo.

Sin embargo, una vez que el colectivo de agricultores optaron por la retirada de los cultivos, la Junta permitió el acceso a la propiedad al resto de concesionario en condiciones mucho más ventajosas a la pactadas. Éstos sostienen que de haberlo sabido, también hubieran optado por la permanencia, al tiempo que denuncian que a los que optaron por la continuidad se les permitió que realizaran operaciones de compra venta de los terrenos concedido por la Administración con unas plusvalías millonarias y antes del transcurso de los ocho años establecidos en el acuerdo inicial.

Los representantes de la comisión entienden que se han producido irregularidades, que han sido "engañados" y que se ha producido una claro perjuicio a los agricultores acogidos a la retirada, al mejorar sustancialmente y de forma unilateral las condiciones de acceso a la propiedad a los que optar por seguir con los cultivos.

Según los cooperativistas, con ello no solo se ha permitido hacer negocio a los concesionarios acogidos al acceso en propiedad, sino que en algunos casos se ha permitido que la propiedad pase de ser pública a privada, intensificándose la agricultura en el límite del Parque Nacional de Doñana, en contra de las recomendaciones establecidas en el dictamen de la Comisión de Expertos de 1992.

También denuncian que se haya permitido a algunas personas el acceso a mayor número de hectáreas de las que inicialmente eran concesionarias, por precios "irrisorios" en relación con el precio de mercado.

El PP también ha presentado una Proposición no de Ley relativa a esta problemática del Plan Almonte-Marismas que será tratada en el Pleno del Parlamento andaluz, aunque la fecha está por determinar.