Los 27 trabajadores del geriátrico Núñez Limón de Alosno que venían manteniendo una acampada indefinida a las puertas del Consistorio de la localidad desde hace 30 días abandonaron ayer su protesta. La medida de presión se inició por el impago de las 10 últimas nóminas por parte del patronato que gestiona dicha residencia, pero ante el "punto muerto" en que se encuentran las negociaciones que mantiene el patronato con dos entidades financieras para intentar solucionar el problema, les ha llevado a dejar el campamento.

El representante de los trabajadores, Juan Nicolás Díaz, aseguró que la plantilla adoptó el miércoles la decisión de levantar el campamento porque al "estancamiento" de las negociaciones hay que sumar las "penalidades que venimos sufriendo" desde el pasado día 31 de enero. Un mes en el que han tendido que soportar "el intenso frío de las pasadas semanas (hasta 5 grados bajo cero de madrugada) y las incomodidades de vivir en una tienda de campaña, lo cual ha derivado finalmente en problemas físicos y psicológicos entre algunos de nosotros", explicó. Pese a ello, Díaz quiso dejar claro que "esto no quiere decir que nos vayamos a quedar parados, porque a partir de hoy nos reuniremos y seguiremos luchando por defender nuestros puestos de trabajo y por mantener abierta la residencia". En este sentido, anunció que estudiarán nuevas medidas de presión "hasta obtener alguna respuesta, en un sentido o en otro". Una respuesta que según reconoció es "muy complicada", teniendo en cuenta que la "gravedad" del problema "radica en que sobre la residencia pesa un embargo judicial que afecta a la cuantía que paga la Administración andaluza por el concierto de las 27 plazas del centro comprometidas".

El geriátrico sigue funcionando gracias al "tesón" de la plantilla, que aún sin cobrar sigue acudiendo diariamente a sus puestos de trabajo, y a la aportación mensual del 75% de la pensión de los residentes en el caso de las 27 plazas concertadas, y del 100% en el de las dos privadas que actualmente tiene el centro, lo cual supone unos ingresos medios al mes de 12.000 euros.

Respecto a las negociaciones destinadas a solucionar el problema, Díaz apuntó que, "pese a que nos consta que el patronato se está esforzando, al parecer los dos bancos no terminan de decidirse, y el resto de opciones que se han barajado en los últimos meses parece que tampoco terminan de cuajar". Por todo ello, Díaz manifestó que el ánimo de la plantilla "está ya por los suelos", a lo que añadió que "el mes de acampada sin obtener ningún resultado ha dejado a la gente muy tocada".

Díaz tuvo palabras de agradecimiento hacia los vecinos de Alosno "que se han volcado durante todo este tiempo con nosotros", entre los cuales la plantilla repartió ayer casa por casa una octavilla en este sentido. Por otra parte, el representante de los trabajadores también confirmó haber pedido ayuda por carta tanto al Defensor del Pueblo español como al andaluz, "los cuales han contestado con sendos escritos en los que argumentan no tener una solución a la complicada situación" que atraviesan los trabajadores. Además, el colectivo remitió una carta a la actual ministra de Empleo, la onubense Fátima Báñez, "cuyo secretario confirmó posteriormente haberla recibido y manifestó el compromiso de la propia ministra por hacer todo lo que estuviese en sus manos". Pero "nada de esto ha dado resultado", lamentó Díaz, como tampoco lo han dado las numerosas movilizaciones que han llevado a cabo en los últimos meses en el pueblo, ante la necesidad de conseguir el crédito de aproximadamente 600.000 euros que necesita la residencia para intentar solventar la situación.

La plantilla del Núñez Limón está pagando los desmanes de los tiempos de bonanza ya que sobre el geriátrico pesa un embargo como consecuencia de la deuda de 2,4 millones que contrajo la fundación benéfico-asistencial que lo gestiona con la constructora a la que su anterior presidente (el ex alcalde de Alosno) encargó un nuevo edificio presupuestado en 4,2 millones, que quedó a medio construir entre 2005 y 2006 por falta de financiación. La constructora interpuso una denuncia con el resultado de una sentencia de embargo que afecta a los 32.500 euros que aporta la Consejería de Igualdad acorde a la ratio de las plazas concertadas, un total de 27, que corresponden a 49,6 euros por día y persona. La fundación carece de liquidez para abonar los salarios de los trabajadores.