La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado que la nómina de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía correspondiente al primer trimestre del año 2022 se ha elevado a 27,2 millones de euros, lo que supone la segunda partida más elevada en el mismo periodo desde el inicio de esta ayuda. Asimismo, ha concretado que la nómina de marzo es también la segunda más alta de este mes a pesar de estar conviviendo con el Ingreso Mínimo Vital.

Ruiz ha hecho estas declaraciones durante su visita al centro de servicios sociales del Ayuntamiento de Isla Cristina donde ha visitado el centro de día ocupacional para personas con discapacidad ASIDEM, que cuenta con 20 plazas concertadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Consejería de Igualdad.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Isla Cristina, presidido por Jenaro Orta, desarrolla la Estrategia Regio-nal Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis) en los barrios del Cortijo, Jesús del Gran Poder, del Rocío, Plaza Estibadora y Pisos Blancos. Para ello, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado casi un millón de euros (976.028,66) de fondos europeos desde su puesta en marcha.

En el marco de la Eracis, se ha podido crear la Red de Empleo de Isla Cristina que está conformada por persona técnico de la Estrategia, la Delegación Territorial de Igualdad, Orienta, CADE y Guadalinfo entre otras entidades, cuyo proyecto principal es el Pasaporte hacia el Empleo, que funciona como una base datos de las personas usuarias de servicios de empleo en esta localidad. De hecho, la cronificación del desempleo y el abandono del sistema educativo por parte de la infancia y la adolescencia son los principales problemas de las zonas de intervención social, dando lugar a problemas de seguridad y convivencia y un déficit en el uso de servicios públicos educativos y sanitarios.

Por otra parte, se ha referido a las medidas que se han puesto en marcha desde el inicio de la legislatura para que la Renta Mínima superase las enormes dificultades que tenía intrínsecas al modelo de gestión y de financiación con los que la puso en marcha el Gobierno anterior: “Se ha trabajado en la agilización de los procedimientos y mejoras técnicas para resolver en plazos inferiores los expedientes, así como en la coordinación y colaboración entre las Administraciones públicas”.

La consejera Rocío Ruiz en el transcurso de su visita a Isla Cristina.

Así, en 2019 se incorporaron a los servicios sociales comunitarios 1.260 efectivos para que, en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS), complementaran su inter-vención comunitaria con itinerarios de inserción sociolaboral. Igualmente, se abonaron horas extraordinarias al personal de las Delegaciones Territoriales, se potenció la tramitación electrónica y la automatización de procedimientos, se puso en marcha un simulador online y se impulsó la formación dirigida a los profesionales. Y todo ello, a pesar del incremento en la gestión que supusieron las numerosas revisiones de expedientes que provocó la llegada del Ingreso Mínimo Vital del Estado.

Ingreso Por la Infancia y la Inclusión

La nueva ayuda que ha diseñado la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación incidirá en la formación de las personas beneficiarias a través de itinerarios sociolaborales y en la permanencia de los menores en el sistema educativo como medio para salir de la exclusión social. Asimismo, el Ingreso Por la Infancia y la Inclusión será compatible con el empleo y el Ingreso Mínimo Vital del Estado. “Sus características hacen de esta ayuda una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza estructural que sufre Andalucía”, ha destacado Rocío Ruiz.

Esta prestación sustituirá a la actual Renta Mínima de Inserción Social y contempla un itinerario formativo y un proyecto de inserción social y laboral además de los recursos económicos “para que todos los anda-luces y andaluzas tengan las mismas oportunidades”, ha subrayado. Se trata de una prestación garantizada mensual y que, por tanto, tiene carácter complementario con cualquiera de los recursos de los que disponga la unidad de convivencia derivados de rendimientos del trabajo o del patrimonio que resulten insuficientes, así como con las prestaciones económicas y de servicios.