La integración de Bulgaria y Rumanía en la Unión Europea (UE), hecha efectiva el pasado 1 de enero de 2007, abrió a los ciudadanos de estos países del Este las puertas de España y, en concreto, de la Cuenca Minera. Sin embargo, desde entonces, durante un periodo máximo de dos años (es posible su reducción si la evolución del mercado laboral lo permite), carecen del derecho a la libre circulación de trabajadores. El origen, el periodo transitorio establecido para evitar un efecto llamada que se tradujera en la entrada masiva de una mano de obra imposible de ser absorbida. Una cláusula de salvaguardia que se ha erigido en una traba para parte de los búlgaros y rumanos afincados en la comarca. Aquéllos que con anterioridad a la adhesión de sus países no disponían de autorización para trabajar por cuenta ajena, mientras esperan la conclusión de esa moratoria que en otros estados de la UE asciende a siete años (el Gobierno español apostó por avanzar hacia la plena aplicación del acervo comunitario), han caído en la maraña ineludible de la economía sumergida e, incluso, en la mendicidad.

Como explica la vicepresidenta y delegada de las áreas de Igualdad y Bienestar Social y Formación y Empleo de la Mancomunidad de la Cuenca Minera, Encarnación Palazuelo, esta situación ha derivado en un obstáculo para el acceso de este sector de inmigrantes a un puesto de trabajo o a las iniciativas formativas destinadas a desempleados, tales como talleres de empleo o escuelas taller. La necesidad de subsistencia, por tanto, ha generalizado la acogida de este colectivo a la contratación irregular, en tareas propias del campo, fuera de las fronteras de la comarca. La también alcaldesa de El Campillo relata, en este sentido, que cuadrillas completas salen cada día del municipio para no regresar hasta por la noche. Y algunos de los que se quedan, "se dedican a hurgar en los contenedores de basura en busca de todo aquello que les pueda resultar de utilidad".

Otro de los problemas detectados, achacables al propio contexto de inestabilidad que los rodea, es su rechazo, o desconfianza, a las ayudas sociales de las que pueden beneficiarse en pro de su integración. Aunque sí hacen uso de la Seguridad Social, conscientes de la gratuidad de la atención médica, se muestran, en algunos casos, reacios a recibir información sobre otros campos de asistencia. De igual modo, algunos niños se sumergen en el absentismo escolar, muchas veces, según asevera Palazuelo, "con la complicidad de un profesorado que los ve más como un problema que como un reto". Las medidas desarrolladas por las administraciones, en esta dirección, se centran en el acercamiento, la formación (en especial, en lo relativo al idioma) y el asesoramiento sobre ayudas como los, para ellos desconocidos, salarios sociales. Incluso, en el caso de El Campillo, se ha optado por exigir a los menores su matriculación en el colegio como requisito indispensable para formar parte de la Escuela de Fútbol. Un aliciente que, en palabras de la alcaldesa, resulta "exitoso" ante el interés que despierta el deporte en la población infantil.

De momento, ya ha transcurrido un año de la integración de Bulgaria y Rumanía en la UE, por lo que, como máximo, si las condiciones del mercado laboral nacional no lo permiten antes, los residentes de la Cuenca llegados desde estos países sólo tendrán que esperar doce meses más para vislumbrar la apertura del horizonte de esperanza que les otorgará la libertad plena de movimientos como trabajadores. El Gobierno, junto a sindicatos y empresarios, evaluará en breve los efectos de la aplicación del periodo transitorio y, en función de las conclusiones, acordará su continuidad o finalización. Hasta ese instante, las alternativas, dentro de la legalidad, se limitan a la posibilidad de ser contratados, sin necesidad de visado, por un periodo no superior a 180 días, tras una solicitud del empleador, o a la siempre difusa opción de la conversión en autónomos.