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Los manteros ponen en riesgo 3.000 empleos en La Antilla e Islantilla

  • Los comercios de las localidades costeras sufren pérdidas superiores al 40% debido a la competencia desleal

  • El Ayuntamiento isleño pedirá refuerzos policiales a la Subdelegación

La actividad de los manteros en las playas de La Antilla e Islantilla, que según denunció esta misma semana la Federación Onubense de Empresarios (FOE) "inunda" la avenida de Castilla del primer núcleo y los paseos marítimos de ambos, está poniendo en riesgo en la zona entre 2.000 y 3.000 empleos. Así lo señaló a Huelva Información el vicepresidente de la FOE y presidente de la Asociación General de Empresarios de Lepe (Agelepe), Juan Fernández, que añadió que se están viendo afectados por este tipo de venta ilegal entre 500 y 600 comercios en toda la zona, los cuales están sufriendo pérdidas superiores al 40%.

No obstante, estos datos avanzados a este diario ayer por Fernández, van a ser objeto de un análisis mucho más exhaustivo durante el encuentro que, para abordar esta situación, van a mantener mañana los empresarios afectados en el seno de CECA Comercio Huelva, entidad adscrita a la FOE, "con el objeto de obtener unos números más precisos para poner sobre la mesa en la reunión prevista a lo largo de la semana en la Subdelegación del Gobierno, y para que los ciudadanos puedan tomar conciencia del daño tan tremendo que se está haciendo al comercio local y a la generación de empleo y riqueza en la zona".

La Asociación de Empresarios de Lepe exige una solución a las administracionesLa alcaldesa isleña dice que no hay convenio de colaboración entre las Policías locales

Fernández también precisó en este sentido que la FOE ha presentado ya denuncias tanto en los ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina, como en la propia Subdelegación del Gobierno en Huelva, con el objeto de "demandar a dichas administraciones soluciones a esta situación, y para que las policías locales de ambos municipios actúen y no miren hacia otro lado a la hora de hacer cumplir la ley".

Y es que ante tan "grave" situación, tanto los ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina como la Subdelegación, deben "tomar cartas en el asunto, ya que "la impunidad con la que actúan los manteros es absoluta y está haciendo un gran daño al comercio local, cuya generación de riqueza y empleo se está viendo muy disminuida".

En este sentido, también mostró su confianza en que estas administraciones "están por la labor" a la hora de poner en marcha medidas centradas en el "aumento de personal por parte de ambas policías locales para poder subsanar esta preocupante e insostenible situación". También reconoció que esta problemática no es nueva de este año, ya que se trata de una situación "que venimos denunciando año tras año, pero que este verano se ha hecho totalmente insostenible".

El vicepresidente de la FOE también quiso realizar un llamamiento a los consumidores y ciudadanos en general para que "no compren en estos puntos de venta ilícitos". Fernández subrayó que comprando a los manteros "se favorece a las mafias que explotan a estas personas", así como "se contribuye a fomentar una venta totalmente ilegal en la que se cometen delitos contra la propiedad industrial e intelectual", por lo que también advirtió que las personas que adquieren productos en estos puntos de venta "también están cometiendo una ilegalidad, ya que no está permitida la compra de productos falsificados y en una situación totalmente fraudulenta".

Por otra parte, prosiguió, la gente "debe tomar conciencia de que si nadie comprase en estos puntos de venta no existirían los manteros", y del "terrorífico daño" que se ocasiona al comercio local. "A todo ello hay que sumar -concluyó- la imagen que estamos dando como destino turístico, que puede verse resentida".

La alcaldesa de Isla Cristina, Montserrat Márquez, subrayó por su parte que el refuerzo de la Policía Local del municipio con el que se contó el verano pasado para hacer frente a esta situación mediante la realización de horas extras por parte de los agentes "no es posible este verano" porque "aunque presupuestariamente tenemos consignado el pago de dichas horas extras, lamentablemente la Policía Local nos comunicó el pasado 13 de julio que este año no querían hacerlas por un problema laboral derivado de un antiguo convenio colectivo que actualmente está judicializado".

También en relación a la Policía Local, Márquez señaló ayer sábado a Huelva Información durante un acto celebrado en la playa Central isleña que "en base a un informe del jefe de la Policía Local tenemos otras limitaciones, como que no es posible firmar un convenio de colaboración entre las Policías locales de Isla Cristina y Lepe para hacer frente a este problema".

Por otra parte la primera edil isleña apuntó que "esta problemática no es nueva" y de hecho "ya se han celebrado en los últimos años bastantes reuniones tanto a nivel de la Subdelegación del Gobierno con la Guardia Civil, como con la Policía Local, ya que mantener el orden público es competencia de los cuerpos de seguridad".

En este sentido, avanzó que mañana tiene previsto reunirse con la subdelegada del Gobierno en Huelva "para pedir de nuevo refuerzos de la Guardia Civil u otro cuerpo de seguridad para cubrir esta necesidad y la carencia que tenemos con la Policía Local".

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