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El juzgado deja "sin efecto" el llamamiento de Romero como investigado en el caso Termyca

  • El juez no tiene competencia para tomarle declaración al regidor porque al ser diputado en el Congreso es competencia del Supremo

Carmelo Romero, ayer, en rueda de prensa.

Carmelo Romero, ayer, en rueda de prensa. / h.información

El alcalde de Palos de la Frontera y diputado nacional, Carmelo Romero, recibió antes de ayer un auto del Juzgado de El Vendrell (Tarragona), que mantiene abierta la investigación del Caso Termyca, en el que se le notifica que ha quedado "sin efecto" su llamamiento como investigado en dicho proceso.

Así lo explicó ayer en una rueda de prensa el propio dirigente popular, quien recordó que el caso se remonta al año 2016, cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell solicitó al Ayuntamiento palermo documentación relativa a la contratación de la consultora Efial y otras empresas del grupo, dentro de una operación que se desarrolló en 23 ayuntamientos de toda España.

El requerimiento judicial al Ayuntamiento se circunscribía únicamente a pedir información sobre la empresa Colaboración Tributaria Andaluza (CTA), cuya documentación fue entregada por el Consistorio.

Dicha empresa se dedica a la inspección de tributos en el término municipal de la localidad, tras rescatar el Ayuntamiento el servicio que ostentaba la Diputación de Huelva a través del Servicio de Gestión Tributaria y fue contratada por el Ayuntamiento, con "un procedimiento totalmente transparente y aprobado por todos los grupos con representación en el Pleno".

Romero indicó que esta licitación se llevó a cabo porque el Ayuntamiento "no estaba satisfecho con la labor que hacía al respecto el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación".

Según recordó ayer, en su día afirmó que cuando hubiera algún tipo de novedad sobre este asunto "sería el primero en dar explicaciones", por lo que explicó que ahora ha recibido el mencionado auto del juzgado en el que se deja sin efecto su llamamiento en calidad de investigado. Y es que el Ministerio Fiscal, según apuntó Romero, ha informado al juzgado de que él es diputado en el Congreso y, por lo tanto, debe ser el Tribunal Supremo el competente para llamarlo a declarar.

No obstante, el regidor precisó que baraja la posibilidad de acudir de forma voluntaria a declarar para aclarar las cuestiones sobre los contratos entre el Ayuntamiento y la empresa investigada y "para aportar información que consideramos necesaria y que el juzgado en su día no reclamó, de modo que este proceso no se dilate en el tiempo".

En este sentido, el alcalde subrayó que esta empresa consultora tiene un contrato con el Ayuntamiento de Palos para trabajos en materia de gestión tributaria en 2015, pero también otros contratos menores relativos a los años 2013 y 2014 que quiere aportar al procedimiento y que "justifican la relación contractual anterior del Ayuntamiento con esta empresa".

Una empresa, según destacó, que cobra en función de lo que recauda el Ayuntamiento tras las inspecciones fiscales realizadas por dicha empresa.

Según el juzgado, había sospechas de que se podrían haber llevado a cabo trabajos por la entidad Colaboración Tributaria Andaluza por unos elevados importes sin que existiera relación contractual que amparara dicha contratación. Respecto a la alta facturación correspondiente al año 2015 (2,9 millones, según Romero), el alcalde la achacó a que esta cantidad es el 15% de la recaudación municipal correspondiente a Cepsa y a su ampliación.

De este modo, el objetivo de Romero es poder aportar toda esta documentación de años anteriores -y que no fue requerida en su día- para justificar la relación entre el Consistorio y la mencionada empresa, a la vez que remarcó que este contrato se licitó "públicamente con todos sus parabienes administrativos".

Por todo ello, el alcalde quiso dejar clara su disposición y la del Consistorio para esclarecer toda la situación, al tiempo que señaló que se ha investigado a todos los entes locales con los que esta empresa ha trabajado.

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