Siete personas están siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción 1 de Huelva, que dirige la magistrada María José Maqueda, por el caso del supuesto soborno a dos concejales de Sí se Puede que evitó una moción de censura contra la alcaldesa de Aljaraque, la socialista Yolanda Rubio, hace ahora un año. Se trata, según confirmaron ayer a Huelva Información fuentes judiciales, de los ediles de la filial de la formación morada Pedro Escalante y Francisco Martín; el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo; el sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez, un responsable de recursos humanos de Aguas de Huelva y dos miembros de la empresa de contratación Adecco.

Se les imputan inicialmente delitos de cohecho y tráfico de influencias. El fiscal del caso, Alfredo Flores, avanzó ayer a este diario que "corresponderá a un jurado popular juzgar a los que finalmente sean procesados por el delito de cohecho", que tras el endurecimiento del Código Penal conlleva, además de penas de inhabilitación, otras de privación de libertad. Por tanto, el procedimiento se transformará en adelante en uno específico del tribunal del jurado.

El PP tendrá que personarse en el caso como acusación popular, no particular

El cohecho, evidencia el representante del Ministerio Público, está "relacionado no tanto con la contratación de la mujer de uno de los dos ediles de Sí se Puede en Aguas de Huelva, sino con que este puesto de trabajo parece ser que se ofreció por el cambio del voto", para abortar de este modo la moción de censura registrada el 29 de diciembre de 2016 por los siete concejales del PP y los dos de Sí se Puede para desbancar del sillón de la Alcaldía a Yolanda Rubio. El pacto trajo cola, al tratarse de una unión de dos formaciones con ideologías diametralmente opuestas, aunque al final fue frenada antes de llegar al Pleno.

Cuando sólo faltaban cinco días para que se debatiera la moción en la sesión plenaria del 16 de enero del año pasado, el asunto dio un giro de 180 grados: un acuerdo in extremis sellado por el equipo de gobierno municipal con los dos ediles de Sí se Puede -formación que entraba así en el gobierno- evitó que prosperase la ya dispuesta moción de censura contra Rubio. Fue un llamativo cambio de ficha de los dos ediles de la filial de la formación morada.

El denunciante de esta estratagema puso el asunto en manos de la Justicia y explicó que, hace hoy justo un año, el 10 de enero de 2017, se celebró una reunión a la que él mismo asistió junto a Pedro Escalante, Francisco Martín, Juan Díaz Alonso (IU de Aljaraque) y el sindicalista José Luis Rodríguez (CCOO), "enviado político en representación del PSOE por Ignacio Caraballo".

En el encuentro, según consta en la denuncia, Rodríguez ofreció a Escalante una concejalía sin asignación, aunque iba a cobrar por asistencias a juntas de gobierno, mientras que a Francisco Martín no se le ofertó ninguna concejalía a cambio de retirar la moción de censura, pero sí se le benefició "con un puesto de trabajo para su mujer en Aguas de Huelva".

Todos los investigados han comparecido ya ante Maqueda en el Palacio de Justicia, excepto José Luis Rodríguez (CCOO). En un primer instante aseguró que no iba a declarar "porque no conocía los pormenores de la causa", ya que las actuaciones se mantuvieron bajo secreto hasta el pasado octubre. "Luego pidió que se le citara a declarar y se acordó el día para practicar esta diligencia, pero no pudo comparecer por motivos de salud que están justificados", concretó el fiscal. Está aquejado de problemas cardiacos y se encontraba hospitalizado en la fecha elegida. Ante esta vicisitud, Flores entiende que la instrucción debe seguir su camino pese a que no se le haya tomado testimonio como investigado. Se hará más adelante, cuando se haya repuesto.

Una vez escuchadas las restantes declaraciones, entiende el fiscal que, pese a que los dos representantes de Adecco han sido llamados como imputados, "parece que sobre ellos no pesa responsabilidad penal ninguna", por lo que podrían salir del listado de investigados en próximas fechas. Ahora llega el turno de convocar a los testigos.

La Fiscalía ve, además, que Aguas de Huelva "es prácticamente una mercantil privada porque sus trabajadores no son funcionarios" y que el hecho de que Escalante entrara a formar parte del equipo de gobierno "es legítimo, lo que no lo es, es que se haga para variar su voto", como también es legal la contratación de la mujer de Martín.

Como ya anunciara el secretario general del PP de Huelva, portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Aljaraque y en la Diputación, David Toscano, el partido se ha personado en la causa. Pero lo ha hecho como acusación particular, lo que ha rechazado de plano la magistrada instructora, que le obliga a tener presencia en el procedimiento como acusación popular.

Por tanto, y como ha podido saber este periódico, los servicios jurídicos de la formación se encuentran en este momento analizando la situación. El acusador popular debe comparecer en la causa por medio de abogado y con procurador con poder especial, sin que en estos casos quepa su nombramiento de oficio; interponer formalmente una querella y prestar la fianza que la jueza determine para asegurar el cumplimiento de las posibles responsabilidades derivadas del pleito.