La judicatura y la carrera fiscal onubense están hoy en pie de guerra. La huelga de togas ha paralizado la actividad de la Justicia, con numerosas suspensiones de juicios en una jornada en la que solo se han mantenido los servicios mínimos en los órganos de guardia de la provincia. Las asociaciones de fiscales y jueces convocantes esperaban un respaldo masivo y este se ha materializado esta mañana: en el territorio onubense el 98% de los efectivos han secundado la huelga.

Una treintena de jueces y fiscales han escenificado la protesta en la sala de vistas de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, donde el decano de la judicatura onubense, José Manuel Borrero, ha leído el comunicado suscrito por todas las asociaciones en liza: Asociación de Fiscales (AF), Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).

En este texto refieren que tanto los partidos que están en la oposición como el que está en el Gobierno “parece que únicamente alcanzan acuerdos pacíficos y sólidos en lo que al control del Poder Judicial se refiere, desplazando a los miembros de la carrera judicial de la elección de 12 de los 20 vocales de extracción judicial”.

Para mejorar la Justicia, remarcan, es preciso “devolvernos el nivel salarial de antes de la crisis, crear órganos judiciales, modernizar y dotar los medios materiales que necesitamos para impartir justicia, o incrementar la autonomía del Ministerio Fiscal”. Sin embargo “nunca hay dinero. Ni interés”.Fiscales y jueces tildan de “crítica” la situación que atraviesa la Justicia en España, a la que definen como “anticuada, obsoleta, insuficiente, lenta”.

Solo la salvan, afirman con rotundidad, “el esfuerzo diario de quienes trabajamos en Justicia: todos los operadores jurídicos, por responsabilidad personal, conseguimos que, pese a todo, se resolvieran 5.478.410 asuntos en 2017, en el tercer país en litigiosidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”. Esta circunstancia se da, para más inri, en un ambiente “de desafección de la carrera judicial con sus representantes y ante una crisis de imagen de la Justicia sin precedentes”.