Provincia

Los gastos de personal frenan las inversiones municipales

  • Los alcaldes justifican que para dar los servicios que reclaman los ciudadanos tienen que seguir contratando a personal · El de Niebla plantea la necesidad de tener una financiación directa

La economía de las corporaciones locales continúa su escalada de números rojos debido a las continuas operaciones de crédito que se ven obligadas a suscribir para hacer frente a las inversiones y proyectos de gran envergadura que se afrontan en cada periodo de legislatura. Como muestra un botón: en tan sólo una década la deuda adquirida con proveedores, acreedores y entidades financieras de los municipios españoles ha pasado de los 18.803 millones de euros en 1999 hasta los 27.046 millones actuales, un aumento que se cifra en un 43,8%.

Los Ayuntamientos del Condado no son una excepción, de forma que su salud financiera deja bastante que desear en términos de déficit público y con respecto a las deudas contraídas con bancos y cajas de ahorro. Como no podía ser de otra forma, este endeudamiento compromete la capacidad de afrontar nuevas inversiones, si bien uno de los grandes lastres de las cuentas locales lo conforma el capítulo destinado a sufragar las nóminas de los funcionarios y personal laboral, gasto que, en algunos casos, supera el 50% del total de la recaudación municipal. Una situación que, en contra de lo que cabría suponer, no sólo se da en municipios en los que el número de habitantes se ubica por debajo de la barrera de los 3.000 habitantes y que, por tanto, han de disponer de un mínimo de personal que brinde una serie de servicios que hoy por hoy se consideran primordiales y como garantes del estado de bienestar, mientras que los ingresos se ven limitados por la recaudación que pueden brindar unos pocos ciudadanos. Alarmante resulta los datos del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, donde más del 60% de sus presupuesto va destinados a pagar la nómina de personal y cargos políticos. Sus ingresos asciende a la nada despreciable cifra de 7.458.472 euros, mientras que el gasto de personal se lleva 4.501.029 euros, así como unos gastos financieros que superan los 250.000 euros. Unos números que limitan de sobremanera cualquier inversión de envergadura a la que tenga que hacer frente la corporación.

En Almonte el gasto de personal también es ingente, alcanzando para el ejercicio del 2008 los 14.186.141 euros. No obstante, su salud económica no reviste gravedad debido a que, en contraprestación, su presupuesto alcanza los 36.254.211 euros. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento almonteño, José Villa, considera que el gran gasto de personal que presentan las cuentas públicas se debe a que, "para cumplir con las demandas de la población y con objeto de erigirnos en dinamizadores del empleo, debemos ofertar empleo". Fieles a esta política, Almonte dispone de numerosas empresas municipales que se han convertido en verdaderas fuentes de empleo.

En municipios con menos de 10.000 habitantes como Rociana la situación no dista mucho de los pueblos vecinos. Su último presupuesto se cifra en 4.050.172 euros, de los cuales 1.588.000 se destinan íntegramente al personal. Cabe citar que, además, su endeudamiento se sitúa cerca de los dos millones de euros, según ha declarado el alcalde, Amaro Huelva. Niebla, por su parte, presenta un gasto de personal de 1.500.000 euros, parejo a Rociana, si bien en términos porcentuales la cifra es mucho menor, situándose en el 33,8% de su presupuesto que asciende a 4.622.000 euros, con una carga financiera que no supera la barrera del 6%.

Dentro de las claves para analizar los motivos de este endeudamiento, el alcalde de Bonares, Juan Antonio García, asevera que, actualmente, ello es consecuencia directa del gran número de servicio que han de prestar las instituciones locales. El edil subraya que "los ciudadanos perciben al Ayuntamiento como la administración más cercana y es a ella a quien exige la prestación de esos servicios" inherentes a lo que hoy la sociedad considera el estado del bienestar, apostilla el edil. A pesar de todo, el Ayuntamiento que preside presenta unas cuentas saneadas en las que su deuda no sobrepasa el 30% del presupuesto anual. Cifra con la que se cumplen las directrices marcadas por el Consorcio de Saneamiento Financiero. Del mismo modo, Bonares destina en este año para sus presupuestos 233.000 euros a reducir su deuda, lo que le permite mantener el endeudamiento en el 29,18% y con una carga financiera por debajo del 4%. Paralelamente, otros datos corroboran la buena salud de la institución local, puesto que en el capítulo de personal el coste anual es de 1.385.419 euros, lo que representa un 30,12% de su presupuesto.

En Niebla el alcalde Francisco Viejo hace similar valoración pero aboga por constituir una mesa de trabajo en la que abordar "de una vez por todas estas cuestiones, sobre todo, afrontando el tema de la financiación de las corporaciones con valentía, sin cortapisas y sin caer en posturas que tan sólo benefician a los intereses de los partidos políticos". Al hilo de estas palabras, el alcalde iliplense recuerda que las corporaciones se ven obligadas a consumir parte de sus recursos en brindar a la ciudadanía un refuerzo en materias sanitarias, de seguridad o medio ambiente, cuestiones, todas ellas, en las que las administraciones central y autonómica "se muestran incapaces de desarrollar de forma eficiente. Por ello, Viejo señala que, por ejemplo, para garantizar ciertos niveles de protección para la ciudadanía "nos vemos obligados, por ejemplo, a ampliar la plantilla de la policía local con coste para las arcas municipales", subraya.

Viejo exige una financiación más directa y aboga por que desaparezcan las diputaciones a favor de las comarcas naturales, a fin de evitar "la sangría de recursos económicos que se pierde para gestionar un dinero que habría de venir de forma directa a los Ayuntamientos".

Con otro tipo de discurso pero con igual fondo se manifiesta el edil almonteño, José Villa, quien considera que "prestamos una serie de servicios competencia directa de administraciones como el Estado y la Junta", si bien matiza que ello se debe a que "la ciudadanía así lo demanda".

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