El exalcalde de Almonte el popular José Antonio Domínguez ha remarcado, antes del comienzo del juicio por las captaciones supuestamente ilegales de agua entre los años 2009 y 2012 en explotaciones sitas en la finca Matalagrana, en el entorno del parque nacional de Doñana, que la competencia en materia de agua y conservación del medio natural no son municipales sino de la Junta de Andalucía, y en concreto, de la consejería del ramo.

Así lo ha puesto de manifiesto Domínguez en declaraciones a los periodistas antes del comienzo del juicio, y en la misma línea se ha manifestado Alberto Mondaca, letrado del exalcalde almonteño Francisco Bella (en ese entonces del PSOE), que ha señalado que el primer edil hizo de "intermediario", de manera que "jamás en la vida puede ser condenado". "Por qué la Fiscalía no ha sentado a los presidentes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) que fueron los que cedieron las tierras en convenio y los sondeos", ha preguntado Mondaca.

Por su parte, Domínguez ha calificado de "grave error" la postura de la Fiscalía y ha mostrado su confianza en la actuación del Ayuntamiento de Almonte la cual fue "transparente". Se trata, como ha proseguido, de fincas del Estado que se cedieron "de manera transparente" a los agricultores puesto que "dicha finca formaba parte del Plan de Desarrollo Sostenible" de la zona, es decir, era "la acción inicial que promueve lo que hoy se conoce como agricultura ecológica".

Del mismo modo, se ha mostrado convencido de que la presencia de los dos exalcaldes es para que el caso tenga "notoriedad mediática" porque "los ayuntamientos no tienen competencia ni en materia de agua ni de medio ambiente ni en vigilancia ni en Policía ni nada", de manera que "los que de verdad tienen competencias no están aquí hoy", ha asegurado, señalando que "debería estar el ahora ministro de Agricultura, Luis Planas", por esa época consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía porque "la competencia de conservación de Doñana y en materia de agua es de la Junta".

Asimismo, Domínguez ha recordado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene también su competencia en materia de agua pero los alcaldes "tenemos poco o nada que decir" en esta causa. Finalmente, ha recordado que él entró en el Ayuntamiento en 2011, "17 años después de esto y la denuncia se pone tres meses antes de ser alcalde". "Qué pinto yo aquí mientras que los que estuvieron no están", se ha preguntado.

Esta causa comenzó en agostó de 2011 por la denuncia de un particular sobre supuesta corrupción en Almonte en relación a pozos ilegales y subvenciones a empresas, tras un acuerdo que se firmó entre el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y el Ayuntamiento de la localidad.

En este juicio hay 15 acusados, entre ellos dos exalcaldes de Almonte, para los que el Ministerio Fiscal pide las penas de dos años y diez meses de prisión, así como 13 titulares de las explotaciones y administradores de hecho o de derecho de las sociedades, la mayoría agricultores, para los que se solicita las penas de tres años y diez meses de prisión. Todos ellos están acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.