Miembros de una familia de Villablanca han denunciado ante la Guardia Civil haber sido obligados a abandonar a punta de pistola, por parte de dos personas encapuchadas, la vivienda alquilada donde residían en dicha localidad andevaleña.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Huelva Información, los hechos tuvieron lugar a las 22:15 del domingo, 30 de septiembre, cuando el denunciante, su pareja y una hija de cuatro años se encontraban en dicha vivienda, y fueron objeto de “amenazas y coacciones con arma de fuego para desalojar su domicilio”.

En su relato, el denunciante señala que a esa hora llegaron a la casa “dos personas amenazando con arma de fuego y alzando la voz pidiéndonos que abandonáramos el domicilio, echándome a patadas a la calle” a lo que añade que para entrar “pegaron una patada a la puerta sin previo aviso”.

Dada la situación “no lo dudamos un momento y abandonamos el domicilio”, a lo que añade que “mi pareja con un ataque de nervios y ansiedad por la situación, y mi hija de cuatro años no paraba de llorar. Papi, papi, papi”.

"Saliendo por la puerta nos cruzamos con la propietaria", narra el denunciante

El denunciante relata que cuando se fueron, “saliendo por la puerta, nos cruzamos con la propietaria”, la cual según su versión “estaba esperando para entrar”. En ese momento, prosigue, “dice uno de los autores que nos echan por la fuerza, ya puede usted entrar, haciéndole gestos con las manos, venga, venga, que en la vivienda no hay nadie, esta es tu casa”, pudiendo ver a “ella, junto con su familia (hijo, cuñada y cónyuge) con los autores dentro de la vivienda”.

También afirma que en el interior de la casa dejaron objetos, mobiliario y pertenencias personales: “móvil, lavadora, sofás, 3.500 euros en efectivo, ordenador, joyas, cartera y ropa”, los cuales “me los deja abandonados en la puerta”, a pesar de que “cuando estaban echándome del domicilio, le dije que por favor me dejara llevarme mis pertenencias, respondiéndome que no, que fuera, fuera, repetitivamente”.

Una vez fuera, la familia desalojada acudió a poner la denuncia, y posteriormente al médico, cuyo juicio clínico indicó, en el caso de la menor, “estrés postraumático”. Según explica en la denuncia “esa noche mi hija pequeña no durmió nada, se llevó toda la madrugada llorando, y mi mujer no se encontraba bien, con molestias en la barriga”.

Texto de la denuncia

Preguntado por la Guardia Civil si conoce a los autores de los hechos, el denunciante manifestó que no. No obstante, en la descripción que realiza de ellos señala que “uno era alto, 1,80 metros, con barbas, con pelo corto, rapado y obeso, apoyado en un bastón” y que el otro era “delgado, bien peinado, y de altura 1,70 metros”, concluyendo que “si los viera otra vez, sin género de duda los reconocería”.

El denunciante también explica que alquiló la casa el 7 de junio, estableciéndose entre ambas partes el abono de una mensualidad de 300 euros, y corriendo el gasto en mobiliario, suministro eléctrico y agua “por cuenta del inquilino”. Todo ello mediante un “contrato verbal durante un año”.

También relata que en agosto llegó a la casa y se encontró en el salón al cónyuge de la propietaria, el cual había “entrado en el mismo sin permiso”. “Sorprendiéndome por la situación”, le preguntó que qué hacía allí, y quien le había dado permiso para entrar, a lo que le respondió que “como él posee una llave de la vivienda, entra cuando le hace falta, y que venía a por unas cajas”. “Le dejé que las cogiera –añade– y ahí quedó la cosa”.

El denunciante explica que a los dos días a la que se encontró en similares circunstancias fue a la propietaria, quien al invitarla a salir le dijo que “no se iba de su casa, por lo que le digo que voy a llamar a la Guardia Civil, para que se marchara, respondiéndome que le daba igual todo”.

Tras una discusión asegura que le dijo que “tenemos que abandonar la vivienda, junto con mi familia, ya que le hacía falta para un hermano discapacitado con más de 70 años”.

Corte de luz y agua

Pasados unos días, prosigue, la propietaria “corta el suministro de la luz y el agua de la vivienda” y “me dice que tengo que abandonarla después de septiembre”. El denunciante asegura que entonces le pidió “que me dejara el mes de octubre, hasta que encontrara una nueva vivienda, accediendo a pagarle la mensualidad con los gastos de la luz y el agua”. Su respuesta, afirma, fue “que no” y “que tenía que abandonar el domicilio por las buenas, o por las malas, que si no se iban en este mes contratarían a alguien para echarnos del hogar junto con la familia”.

Por su parte, el padre del denunciante, Miguel Ángel Pérez González, ha afirmado a este periódico que las desavenencias entre ambas partes se iniciaron cuando su hijo se quedó parado y dejó de abonar varias mensualidades, aunque asegura que su intención era pagarlo todo cuando encontrase trabajo ya que “mi hijo casi siempre está trabajando”.

Igualmente ha asegurado que desde el desalojo, en el que los autores “iban encapuchados y armados con pistola” su nieta de cuatro años está teniendo que acudir periódicamente a recibir tratamiento en una clínica psicológica de Lepe porque “tiene miedo de todo”